Miles de personas que forman parte de nuestra sociedad desde hace mucho tiempo siguen viviendo en la incertidumbre, la precariedad y la invisibilidad administrativa
La regularización no es solo un trámite, sino una oportunidad para restituir derechos, dignidad y cohesión social. Elisabet Ureña, responsable de movilidad humana de Cáritas Diocesana de Barcelona, lo ha expresado con claridad: este proceso se vive con esperanza, sí, pero también con mucha angustia. Las colas, las dudas, los rumores, el miedo a no llegar a tiempo y la complejidad de los requisitos están convirtiendo una medida necesaria en una carrera demasiado pesada para muchas personas. El plazo es corto —hasta el 30 de junio— y, en Catalunya, la medida podría afectar a cerca de 150.000 personas.
Esta tensión no es casual. Cáritas y otras entidades llevan meses alertando de que el padrón sigue siendo un obstáculo grave para muchas personas migrantes, a pesar de que es una obligación legal de los ayuntamientos inscribir a todas las personas que residen en el municipio. Si falla el acceso al padrón, también falla la puerta de entrada a los derechos sociales.
En este contexto, Cáritas también ha denunciado una contradicción preocupante: mientras las administraciones abren el proceso, a menudo son las entidades sociales las que acaban absorbiendo la presión del acompañamiento, la información e incluso la emisión de certificados, sin los recursos necesarios. Ureña ha cuestionado especialmente la exigencia del certificado de vulnerabilidad, recordando que la propia irregularidad administrativa ya sitúa a las personas en una situación de vulnerabilidad estructural.
Regularizar no es conceder un privilegio: es reconocer una realidad ya existente. Es admitir que estas personas ya están aquí, que trabajan, cuidan, sacan adelante a sus familias, hacen barrio y contribuyen a mejorar la sociedad, aunque con demasiada frecuencia deban hacerlo desde la invisibilidad. Tal y como ha subrayado Cáritas, disponer de una autorización de residencia y trabajo abre la puerta a un empleo formal y digno, a una estabilidad económica, a un acceso efectivo a los servicios básicos y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida sin miedo.
También hay un argumento de fondo que las intervenciones recientes de Cáritas han repetido con constancia: la irregularidad administrativa no es una cuestión marginal, sino un factor directo de exclusión social. Las entidades eclesiales y sociales que han defendido esta regularización la presentan como una medida de responsabilidad política, ética y social. No solo para proteger derechos individuales, sino porque ninguna sociedad puede considerarse justa si condena a una parte de sus vecinos a vivir fuera del marco de derechos y los aboca a una existencia llena de provisionalidades permanentes.
Frente a los discursos de sospecha, es necesario reivindicar el valor del acompañamiento. Frente a una burocracia desbordante, es necesario exigir responsabilidad pública. Y frente a la tentación de convertir a las personas en expedientes, conviene recordar que cada proceso de regularización es, en realidad, una historia de dignidad que pide ser reconocida. Por eso, hoy, más que hablar únicamente de papeles, conviene hablar de personas. Porque regularizar es, sobre todo, dejar de condenar a nadie a ser invisible.
