Reclamamos que la Ley de Dependencia para las personas mayores llegue a todos aquellos que tienen reconocido el derecho a ser beneficiarios
Si hay un hecho asociado con la vejez contra el que luchamos los que intentamos mejorar la vida de las personas mayores es el hecho de la soledad. Soledad no querida, soledad sobrevenida que nos aísla en el peor momento, cuando más necesitamos a los demás. Esta podría ser la metáfora de la Ley de Dependencia ya que, ahora que hace once años desde su aprobación, esta ley se encuentra sola, abandonada, muy lejos de los reconocimientos políticos y sociales que tuvo entonces.
Esta es una ley que comenzó en 2007 con muchas dudas sobre su aplicación. Aún así, la tímida implementación, y a menudo no exenta de problemas, vio como un Real Decreto de 2012 hacía más difícil el acceso a los derechos que reconocía, así como los debilitaba. A partir de esta nueva legislación, el copago llega al 20% del coste del servicio, se ha eliminado la práctica la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, y se han alargado las listas de espera hasta los dos años.
Los resultados de esta suma de dificultades es que durante la crisis se fueron reduciendo los número de solicitudes y de beneficiarios, por lo que hasta 2015 no se recuperan los niveles que había en 2012. Hoy día, y según datos de ECAS, tres cuartas partes de los solicitantes tienen reconocido el derecho a ser beneficiario, pero sólo 58% de estas personas habían podido acceder a una prestación económica, cuando el 2012 eran el 81%. También se ha visto una afectación en cuanto a las horas de atención domiciliaria. El Plan estratégico de la Generalidad de Cataluña marcaba un mínimo de entre 40 y 70 horas al mes, y ECAS señala que sólo se llegan a 12h.
En nuestra tarea diaria de acompañamiento a las personas dependientes y sus cuidadores, constatamos la lentitud de la respuestas de valoración del grado de dependencia por parte de la Administración y el peso que ello conlleva a las familias cuidadoras, donde la responsabilidad recae normalmente en mujeres de entre 60 y 70 años, con sus propias limitaciones físicas y emocionales. Familias que han de atender las necesidades básicas de la vida diaria de la persona dependiente, con lo que significa muchas veces de agotamiento y estrés. Y que también tienen que responder económicamente, no sólo por alguna medicación o ortopedia, sino también, y sobre todo, por la contratación de personas cuidadoras que, si se hace a través de empresas y con alta en la Seguridad Social, normalmente conlleva un coste elevado. Y que, si se hace acudiendo al sector del trabajo informal, las termina contratando personas cuidadoras mal pagadas, sin cotización, con unos horarios imposibles, sin derecho a paro y, por supuesto, sin una formación adecuada. De esta manera se perpetúan situaciones irregulares que, a pesar de trabajar, impiden al trabajador acceder a un proceso de regularización de su situación.
Sea por el motivo que sea, parece que la Administración no tiene urgencia para hacer valoraciones y dar prestaciones, así que constatamos que la situación se agrava ante personas mayores con problemas de salud mental o con dependencia social.
Desde Cáritas podemos complementar a las personas más vulnerables a nivel económico y social, con los recursos necesarios mientras la administración no da respuesta o la respuesta es insuficiente. También velamos para paliar la soledad desde diferentes proyectos y apoyar a los cuidadores.
Entendemos que se deberían cumplir, como mínimo, los compromisos de la Generalitat enmarcados en su plan estratégico de atención a mayores de 65 años. Hay que garantizar el acceso de las personas dependientes, así como, especialmente, los derechos de las personas cuidadoras, ya que sobre ellas está cayendo el peso de la ausencia de cobertura por parte de la Administración.
También hay que conseguir una buena coordinación entre administraciones públicas, ya que el Estado mantiene las competencias, pero parte de éstas son responsabilidad de la Generalidad o, incluso, de los Ayuntamientos.
Debemos ser capaces de ver el esfuerzo económico que se debe desplegar con la ley de dependencia, no como un gasto, sino como una inversión social, que tiene retorno en forma económica, pero también, y especialmente, hace de nuestras sociedades un lugar más humano donde sobrevivir y evitar que los cuidados sean una carga insoportable para las personas cuidadoras.
