Hay una realidad que crece de manera silenciosa en nuestra sociedad: la aporofobia, es decir, el rechazo a las personas pobres. Se manifiesta cuando dejamos de ver a una persona como sujeto de derechos y la reducimos a su situación económica, a su origen o a su vulnerabilidad
Desde Cáritas la constatamos cada día. La vemos cuando una persona encuentra obstáculos para empadronarse y queda excluida de derechos básicos. Cuando una familia es rechazada para acceder a una vivienda antes incluso de que nadie escuche su situación. Cuando determinadas personas tienen que demostrar que merecen una ayuda porque sobre ellas pesa una sospecha permanente.
También la descubrimos en experiencias que deberían hacernos reflexionar. Personas que viven en la calle nos han descrito episodios de humillación y desprecio que a menudo pasan desapercibidos. El problema no es solo la agresión concreta, sino la facilidad con la que determinadas actitudes se normalizan cuando quien las sufre es alguien que vive en la exclusión. Es el riesgo de la deshumanización: cuando dejamos de ver personas y solo vemos etiquetas.
Este fenómeno prospera en un contexto de inseguridad y falta de oportunidades. El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchas familias. Cuando los alquileres son inasumibles, las listas de espera se alargan y los ingresos no alcanzan, es fácil buscar culpables entre quienes también sufren. Pero las personas pobres o migrantes no son la causa del problema. El problema es la incapacidad de garantizar derechos básicos para todo el mundo.
Nos preocupa especialmente que las actitudes de odio tengan cada vez más presencia entre los más jóvenes. Quizás hemos asumido una mirada excesivamente individualista sobre el éxito y el fracaso. Se extiende la idea de que quien se esfuerza siempre sale adelante y que quien no lo consigue es responsable de su situación. Pero la realidad es mucho más compleja.
La experiencia de Cáritas nos muestra que las situaciones de exclusión casi nunca tienen una única causa. Son el resultado de la acumulación de factores como la vivienda inaccesible, el empleo precario, los problemas de salud, las dificultades administrativas o la falta de redes de apoyo. No es una cuestión de falta de esfuerzo. Es una cuestión de desigualdad de oportunidades.
También debemos interrogarnos sobre el papel de las redes sociales y de los discursos públicos. Con demasiada frecuencia la pobreza aparece asociada a conflictos, la migración se presenta como un problema y la vulnerabilidad se convierte en motivo de sospecha. Así se va erosionando la capacidad de empatía y el otro deja de ser una persona concreta para convertirse en una categoría abstracta. Esta despersonalización es el terreno donde arraigan la aporofobia, el racismo y la indiferencia.
En este escenario, los discursos de odio ofrecen explicaciones simples para problemas complejos. Señalan a las personas pobres o migrantes como responsables de un malestar que tiene causas mucho más profundas. Pero estas narrativas solo consiguen dividir y enfrentar a colectivos que comparten vulnerabilidades similares.
Ante esta situación, conviene recordar una idea fundamental: la dignidad humana no depende de los ingresos, de la nacionalidad ni de la situación administrativa. Como ha recordado el papa León XIV, hay personas que pueden llegar «despojadas de casi todo, pero nunca de su dignidad». La dignidad no se gana; se reconoce.
Por ello, combatir la aporofobia exige frenar los discursos de odio, garantizar el acceso a una vivienda digna y reforzar unas políticas públicas capaces de proteger los derechos de todo el mundo. La respuesta a los retos sociales no es enfrentar a quienes sufren, sino construir una sociedad que garantice oportunidades, derechos y dignidad para todos. Solo así podremos reconstruir un «nosotros» inclusivo y una comunidad donde nadie quede atrás.
