La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales dos artículos de la Ley 24/2015 en materia de pobreza energética vuelve a evidenciar la tensión de fondo que existe entre la lógica reguladora del mercado y la obligación de garantizar condiciones de vida dignas para todos
La valoración de la sentencia debe ser claramente crítica, no solo por su razonamiento jurídico, sino sobre todo por sus consecuencias sociales. La Ley 24/2015 había incorporado un mecanismo preventivo esencial: antes de proceder a un corte de suministro, las compañías debían solicitar un informe a los servicios sociales y, si este no se emitía en el plazo de quince días, se presumía la situación de vulnerabilidad y se impedía el corte. Este sistema situaba la protección de las personas en el centro y evitaba que errores o retrasos administrativos se tradujeran en daños irreversibles.
La decisión del Tribunal Constitucional desactiva este mecanismo con el argumento de que altera el régimen estatal del sector energético y que Catalunya invade competencias reservadas al Estado. Pero este razonamiento no entra a analizar la dimensión material del problema; quedarse sin luz o sin gas no es simplemente una cuestión contractual, sino una situación que afecta directamente a la dignidad, la salud y la vida de las personas.
En este sentido, la sentencia vuelve a situar los derechos sociales en una posición subordinada. Prioriza la homogeneidad del sistema normativo estatal por encima de la protección efectiva de las personas más vulnerables. El problema de fondo es que el Tribunal Constitucional no pondera realmente si la medida anulada incide sobre derechos, ni valora de forma suficiente el impacto material que su anulación puede tener sobre la vida de las personas. La energía es un bien esencial. Sin electricidad no se pueden conservar alimentos, garantizar condiciones mínimas de higiene, estudiar, cuidar a personas dependientes o cargar el móvil.
Si el Tribunal Constitucional establece que solo el Estado puede fijar determinadas condiciones del suministro energético, entonces es responsabilidad del Estado asegurar que dichas condiciones ofrezcan una protección real y efectiva. Poner el acento en la necesidad de homogeneidad normativa podría ser compatible si el mínimo estatal actuara realmente como un suelo alto de protección. Pero en este caso opera como un techo: impide que Catalunya pueda mejorar la tutela cuando esta mejora refuerza sustancialmente la protección estatal. Esta lógica del techo tensiona el principio de progresividad de los derechos y termina generando una regresión material en su garantía efectiva.
En definitiva, esta sentencia representa una oportunidad perdida para avanzar hacia un modelo jurídico que sitúe los derechos en el centro. La pobreza energética no es una anomalía puntual, sino una expresión directa de la desigualdad estructural. La energía no es un lujo, ni tampoco una simple relación contractual, es una condición indispensable para vivir con dignidad. Cuando el sistema es incapaz de evitar que una familia se quede a oscuras, el problema no es de competencia, es de vulneración de derechos.
