Según el último informe FOESSA de 2021, más de un millón de personas viven en exclusión residencial en la diócesis de Barcelona. 725.000 personas pagan un gasto excesivo en vivienda, lo que las sitúa en la pobreza una vez han hecho frente a los gastos de vivienda y suministros.
En 2021, Cáritas Diocesana de Barcelona atendió a 12.560 hogares (27.540 personas), y más del 60% no disponían de una vivienda digna. La responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona, Miriam Feu, explica que existen diferentes factores que pueden provocar un incendio social de magnitudes desconocidas, y que una de las chispas que puede encender ese fuego es la crisis de la vivienda.
“Solo durante el último año, Cáritas ha destinado casi 860.000 € a pagar habitaciones de realquiler, y cada vez son más las familias que se ven obligadas a vivir en una habitación por la imposibilidad de pagar un piso de alquiler a precio de mercado”. Feu también se refiere a la subida generalizada de precios, apuntando que durante el año 2021 la entidad ha sufragado gastos de suministros por un valor de casi 121.000 €, un 24 % más que en el año anterior. 2 de cada 3 ayudas económicas que Cáritas ofreció en 2021 fueron para vivienda, y de estas, 1 de cada 3 para realquiler. “Las familias que nos piden ayuda llegan más deterioradas, más vulnerables y en situaciones más límite. Muchas no se han recuperado de la paralización de la economía que supuso la pandemia, y teniendo en cuenta la elevada inflación y el constante incremento de los precios de alquiler en Barcelona, los más vulnerables se llevan la peor parte”.
Los datos globales confirman esta diagnosis, ya que las personas con menor renta son las que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a alimentación y vivienda. “Si el 80 % de la población con más recursos destina el 51 % de sus ingresos anuales, el 20 % más pobre tiene que destinar el 66 %”.
Feu explica que compartir vivienda, vivir en espacios sobreocupados o no saber cuándo te echarán del domicilio también tiene grandes consecuencias emocionales. “La incertidumbre en la vivienda incide en todos los ámbitos de la vida. No tener un espacio de reposo o unos ingresos con los que mantenerte puede hacer aflorar problemas de salud física o mental”. Por otro lado, también tiene un impacto directo en los niños, ya que si no tienen un espacio donde hacer los deberes o les falta un ordenador o conexión a internet, difícilmente podrán seguir el curso académico con normalidad. “Los niños son los más perjudicados por esta precariedad, y las dificultades en la infancia pueden acabar repercutiendo en sus oportunidades de futuro”, dice. Las familias a las que atiende Cáritas sitúan la falta de un hogar digno como su principal piedra en el zapato, y un 36 % de los padres y madres piden un mayor número de viviendas de alquiler social a la Administración.
La vivienda, un derecho
Fina Contreras, responsable del programa de sinhogar y vivienda de Cáritas Barcelona, coincide en decir que la falta estructural de vivienda asequible es una urgencia de primer orden, y que es necesario afrontarla con decisiones valientes. “Todos tenemos algo que decir y que hacer, porque hay que defender el derecho a la vivienda con acciones concretas, y es necesario hacerlo ahora”, dice Contreras.
Preguntada sobre las situaciones que se encuentran en Cáritas, Contreras advierte que el sistema expulsa a personas y familias de todo tipo. “Nos estamos encontrando a familias con niños que viven en situación de sinhogarismo, cuando hace unos años era un fenómeno muy minoritario”, dice. Contreras considera que las problemáticas que más se han agravado a raíz de la COVID-19 son los desahucios del alquiler y el realquiler de habitaciones, aunque también se han disparado los casos de situación de calle intermitente. Por ese motivo, lamenta que muchas veces la Administración trabaje desde la reacción a todos estos problemas, cuando tendría que actuar desde la prevención. “Es importante acompañar y recuperar historias de vida desde la prevención, pero en la mayoría de las ocasiones no hay margen para hacerlo. Siempre estamos en el precipicio, como un malabarista que está en la cuerda floja y puede caerse. Cada paso es una incertidumbre, ya que tener trabajo o un contrato de alquiler no es garantía de nada. Todo es muy inestable”.
Por eso, ahora es más complicado recuperar la vida de una persona desde un proyecto o recurso residencial, y el proceso para conseguirlo es cada vez más largo. “Si antes las personas podían salir de su situación de emergencia habita- cional en un año, ahora tardan más”, describe Contreras. Por eso, reivindica la colaboración con otras entidades, y que el trabajo en red debe consistir en acompañar procesos vitales a largo plazo. “Teniendo en cuenta que los procesos se alargan, es importante que cuando una persona acaba el proceso en una entidad y alcanza los objetivos, sean necesarias otras oportunidades para superar el siguiente escalón o etapa de su vida. Eso garantiza que la persona cuente con ese acompañamiento durante el tiempo que requiera”. Y es que según el último informe INSOCAT 14, Vivienda y exclusión residencial de ECAS, y elaborado por el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Barcelona, la práctica totalidad de las personas a las que atienden las entidades sociales en Catalunya (97 %) tienen problemas de vivienda.
Los colectivos más afectados por estas situa- ciones son personas migradas, familias con niños y adolescentes, hogares monoparentales y personas jóvenes solas. Por ese motivo, Cáritas Diocesana de Barcelona, en colaboración con otras entidades como la Fundació Habitatge Social, ofrece 1.658 plazas residenciales, con la finalidad de dar respuesta, por pequeña que sea, a las numerosas situaciones que llegan diariamente a los despachos de Cáritas. “Las plazas que ofrecemos son limitadas, pero es nuestro granito de arena al difícil contexto que vivimos”, dice Contreras. Por eso, los pisos y proyectos de Cáritas no solo dan respuesta a familias con hijos, sino que también acogen a jóvenes, personas mayores, personas en régimen penitenciario o personas que viven solas, entre otras.
Sobre la respuesta que hay que dar a la emergencia habitacional, Contreras cree que Cáritas puede ser una solución temporal para que las personas puedan romper con su espiral de pobreza, pero es consciente de que no podrá resolverse el problema de la vivienda de manera individual, sino de forma estructural. “Hay que pedir respuestas a los políticos, pero también a la ciudadanía y a las personas a las que atendemos. Los ciudadanos tenemos que cambiar. No podemos seguir valorando la vivienda como un bien de mercado, sino como un derecho social”. Asimismo, cree que la persona tiene que entender que es poseedora de derechos, y que debe ejercerlos en todos los ámbitos posibles. “Las personas son las que han de promover los cambios necesarios en su vida. Nosotros solo tenemos que estar a su lado para conseguir que ese cambio se haga realidad”.
Finalmente, Contreras dice que la vivienda es un motor de exclusión social de primer orden, y que garantizar un derecho como la vivienda, reconocido pero vulnerado, es imprescindible. “No existe ninguna política efectiva de lucha contra la pobreza si no va acompañada de una política de vivienda que garantice su acceso y mantenimiento”, concluye.
