No pasa un día que nos recuerden cómo de caro es una vivienda y no solo por lo prohibitivo de los precios de alquiler: los contratos son breves, las subidas abusivas habituales y la palabra desahucio ya no se aplica solo a los casos de impago de hipotecas.
Parecía que después de la devastación laboral, económica y social que comportó la crisis del 2008 tardaríamos tiempo al ver una nueva espiral inflacionista de los precios de alquiler, puesto que la lucha de los diferentes colectivos sociales consiguió el difícil hito de posar el derecho a la vivienda bajo el foco mediático, con una consecuente sensibilización social y política al respeto.
No obstante, durante estos años este derecho no solo no se ha consolidado sino que se ha reducido a la mínima expresión a nivel legal: la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada el 2013, tuvo como principal consecuencia la reducción de la duración de los contratos, que pasaron de durar 5 años a solo 3. Este hecho, junto con otros factores como la turistització de las ciudades y la entrada de agentes especuladores como los fondos de inversión, ha provocado la expulsión de familias de sus hogares, barrios y ciudades en un proceso conocido como gentrificació.
La ocasión de un cambio de signo político al gobierno del Estado propició que el pasado 14 de diciembre se aprobara un Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Este decreto incluía una serie de medidas la más destacada de las cuales era el retorno a los contratos de 5 años. Si bien es cierto que la reducción a 3 años fue un elemento clave en la reciente escalada de precios, no es el único factor que hay que resolver: hace falta que las instituciones sean más ambiciosas y se decidan a legislar sobre el mercado inmobiliario. No obstante, no fue suficiente para convencer a los grupos parlamentarios del Congreso y no recibió el apoyo necesario para convertirse en una ley orgánica.
Desde organizaciones en defensa de la vivienda como el ‘Sindicat de Llogaters i Llogateres’ se han repetido constantemente una serie de propuestas para conseguir que el alquiler sea asequible. La vivienda es esencial para el desarrollo físico y psicológico de una persona y, por lo tanto, es un derecho fundamental que no puede estar sujeto a los intereses del mercado. Hay diferentes posibilidades para conseguirlo más allá de alargar contratos y una de ellas es la regulación de precios. La forma más efectiva es con la creación de un índice vinculante público que tenga en cuenta criterios como el coste de la vida y la renta, respetando unos estándares mínimos de calidad de vida que el mercado no tiene en cuenta. Actualmente existen índices de tipo orientativo, pero hacen falta penalizaciones para los propietarios que no los respeten para que sea realmente efectivo.
Otra manera efectiva de hacer bajar los precios es contando con un parque de vivienda pública. Actualmente en Cataluña disponemos de, apenas, un 1% de vivienda pública sobre el total construido, por lo que la mayoría de viviendas están en manos privadas. Es necesario que la administración promueva medidas para ampliar el parque público de vivienda, como se ha dado recientemente en la aprobación de la medida de destinar el 30% de las viviendas construidas (o reformados integralmente) a alquiler social a Barcelona.
Siguiendo con lo anterior, no nos podemos permitir que en plena emergencia habitacional exista vivienda vacía: en España hay casi tres millones y medio de viviendas vacías (3.443.365), siendo el Estado con la cifra más alta de toda la Unión Europea. Una forma de ampliar el parque público de vivienda seria movilizando todos aquellos activos inmobiliarios en manos de grandes tenedores (bancos y fondos buitre) a través de sanciones por viviendas vacías durante más de 2 años o bien a través de expropiaciones.
Estas tres propuestas no son ni mucho menos las únicas: el problema de la vivienda es transversal y está atravesado por diferentes factores que requieren medidas por parte de todas las administraciones, cada una desde sus competencias. No obstante, son necesarias para determinar de verdad cuánto vale un hogar: un justo precio. Las organizaciones en defensa de la vivienda, como el Sindicato de Locatarios, lo tenemos claro: la vivienda no es un lujo, es un bien de primera necesidad y como tal lo tenemos que proteger para que no sea objeto de una especulación que en el 2018 ha dejado en la calle además de 11.000 familias. Si desde las instituciones no se toman medidas valientes, los colectivos seguiremos en lucha, animando a las locatarias a no marchar de casa ni aceptar subidas abusivas, llegando, incluso, a la huelga de alquileres si es necesario.
