Los datos son tozudos e insisten en que, en la exclusión social, deberíamos poner el foco en el problema de la vivienda: un 42,1% de los hogares que viven en viviendas de alquiler a precios de mercado se encuentran en situación de grave riesgo económico debido al coste excesivo que soportan
Cáritas Diocesana de Barcelona acaba de hacer público un informe sobre la vivienda El Hogar es clave, basado en parte en su propia experiencia de atender a las personas más vulnerables de su territorio y en parte resultado de la colaboración con FOESSA para la realización de la “Encuesta 2018 sobre Integración y Necesidades Sociales”, EINSFOESSA, de la que también se están haciendo algunos adelantos en cuanto a la situación de la vivienda de la población vulnerable.
Son muchas las informaciones trascendentes y los testimonios sobrecogedores que ofrece el informe de Cáritas, todos ellos explicados con mucha claridad y con una voluntad decidida de hacer entender al conjunto de la población la particularmente difícil situación de todas aquellas personas que viven en su mismo espacio geográfico pero que sufren problemas muy superiores a los de la mayoría y mucho más graves de lo que debería ser considerado tolerable que los llevan a la exclusión social. Es decir que les impiden integrarse tanto social como laboral o culturalmente al resto de la sociedad, debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas que hacen posible una participación social plena.
Un aspecto, sin embargo, destaca del informe ya que es uno de los puntos clave de la tesis que sustenta, y es la marcadísima incidencia que está teniendo en la exclusión social, la exclusión residencial. El informe nos señala de forma clara como hoy prácticamente no podemos disociar las situaciones de exclusión social de alguna variante de problemática de vivienda. Y es bueno que el informe incida en esta relación de causa-efecto porque no es la práctica habitual en la mayoría de análisis de exclusión o de desigualdades.
Exclusión social, más allá de la falta de hogar
De hecho, el concepto de exclusión social es amplio ya que se basa en una gama de posibles fuentes de problemas de orígenes diversos, combinables entre sí o que pueden tener entidad propia para provocar por sí mismos situaciones de marginación. Es, por tanto, una idea compleja que los técnicos han tratado de precisar para poder medirla y conocer el impacto que tiene en cualquier sociedad. Abarca desde aspectos estrictamente económicos (desempleo, trabajo precario, situación de pobreza, privación de bienes básicos como agua, luz, etc), a aspectos de carácter político, como no tener derecho de voto o de participación en decisiones colectivas, o no tener garantizado el derecho a la enseñanza, a la vivienda oa la salud, pasando por aspectos relacionados con dificultades de relación o de aislamiento, bien sea a nivel familiar, bien a nivel de comunidad. Está claro que aspectos relacionados con la vivienda son considerados: infravivienda, deficiencias graves en la vivienda, problemas de insalubridad, hacinamiento grave, tenencia en precario (realquiler, ocupación ilegal), entorno degradado, barreras arquitectónicas, gastos excesivos en la vivienda. Pero, el peso que estos aspectos residenciales tienen dentro del conjunto de la exclusión social no se suele estudiar o no se aborda específicamente.
La falta de referencia explícita a la situación residencial de las personas la encontramos, desgraciadamente, no sólo cuando se habla de exclusión social, sino también cuando se hace referencia a desigualdades e, incluso cuando se aborda el tema de la pobreza. En estas dos perspectivas sólo se tienen en cuenta los ingresos de los hogares y se comparan de forma relativa con los del conjunto de la sociedad, pero no se analiza como los costes en vivienda impactan en los ingresos netos de los hogares y el margen que les dejan para poder vivir. Y esto es un gran error porque falsea el problema –la desigualdad y la pobreza aumentan notablemente si se tiene en cuenta el factor vivienda-, confunde el origen de los problemas, y por tanto, de las propuestas de soluciones públicas y privadas y, Además, disimula la gravedad del tema ante el conjunto de la sociedad.
Según la definición amplia que utiliza EINSFOESSA, en el año 2017 había en España 8,6 millones de personas en exclusión social (el 18% de la población total), cifra que no ha parado de crecer tanto en tiempos de bonanza económica, como fue el de la burbuja inmobiliaria, como en tiempos de crisis como la iniciada hace ya diez años. Pero, tal y como pone de relieve el informe de Cáritas, de estas personas que se contabilizan como exclusión social, el 60,1%, en España y el 64,7%, en Cataluña, se encuentran en situación de exclusión residencial. Y, entre las personas en exclusión social severa, el 70%, están en exclusión residencial. Pero aún más, de las personas de la diócesis de Barcelona en situación de exclusión social severa, el 90,4% están afectadas por exclusión en vivienda. Podríamos decir, pues que la vivienda se convierte hoy y de lejos, el parámetro más explicativo de las situaciones de exclusión social y, por extensión, de pobreza y de desigualdad. Pero que este vector es menospreciado a la hora de valorar, estudiar y tratar de poner remedio a estas realidades.
Sin embargo, los datos son tozudos e insisten en que deberíamos poner el foco en el problema de la vivienda: cuando nos señalan que por falta de pago, más de 570.000 lanzamientos de vivienda en España y 114.000 en Cataluña se han practicado entre los años 2008 y 2017, es decir que más de 1,5 millones de personas han perdido su hogar. O bien, cuando nos dicen que en el año 2017 un 42,1% de los hogares que viven en viviendas de alquiler a precios de mercado -que son el 99% del total de hogares que vive en alquiler- se encuentran en situación de grave riesgo económico debido al coste excesivo de la vivienda que soportan.
He aquí la vivienda como determinante de exclusión social, de la desigualdad y de la pobreza, que debería ser abordado por las políticas públicas de vivienda de una manera decidida, no sólo porque atender estas situaciones y evitar su su cronificación y su crecimiento debería ser el primer escalón de la garantía del derecho a la vivienda, sino porque su erradicación sería la base preventiva de situaciones intolerables en el futuro.
