La EPA (Encuesta de Población Activa) del segundo trimestre de 2021 nos deja un dato positivo y otro negativo. El positivo es que, en Catalunya, la ocupación prácticamente ha recuperado los niveles pre-covid. El negativo es que se incrementa la precariedad, polarizando aún más el mercado laboral
Analizando los datos de la EPA del segundo trimestre de 2021, el número de ocupados en Catalunya se situó en 3.417.100, un 1,3% más que el mismo trimestre del año anterior. En cuanto al número de parados, se ha situado en 478.500, 21.200 menos que el trimestre anterior, pero aún un 11% por encima de los niveles del 2019.
En esta “nueva normalidad” generada por la pandemia, hay 105.300 hogares en Catalunya sin ingresos (un 3,4% de los hogares catalanes) y 227.600 personas que deben trabajar a jornada parcial de manera involuntaria, ya que no encuentran jornadas laborales de 8 horas. Si analizamos a las personas que trabajan a jornada parcial, observamos que las mujeres triplican al número de hombres (7% vs. 21%). Las condiciones laborales adversas no afectan de la misma forma a hombres y mujeres, sino que tienen mayor impacto en el sexo femenino. En este sentido, el reparto desigual en las tareas del hogar o el cuidado de los hijos conlleva que sean ellas las que se vean obligadas a renunciar a parte de su jornada y futuro laboral.
Asimismo, los datos nos muestran como la pandemia ha precarizado de manera notable un mercado laboral ya fracturado, que divide a la población entre aquellos con un empleo relativamente estable y otros que sufren una inestabilidad laboral grave: La precariedad laboral se incrementa, afectando a un mayor número de ciudadanos. Aquellas personas que trabajan, pero que sin embargo no llegan a fin de mes se han incrementado, y son muchas de las que diariamente llaman a la puerta de Cáritas, explicándonos que no saben cómo pagar el alquiler de este mes, llenar la nevera o comprarle el regalo de cumpleaños que tanto esperaba su hijo.
Este contexto marcado por la COVID-19 ha supuesto que en Catalunya haya 32.700 personas “desanimadas”, es decir, que ya no buscan trabajo porque piensan que no lo encontrarán. Por todo ello, son necesarias medidas que vayan encaminadas a la reducción de la precariedad laboral, y es necesario que las administraciones ofrezcan una respuesta a todas esas personas que ya han lanzado la toalla.
