Casi el 90% de los hogares atendidos por Cáritas han pasado algún tipo de dificultad económica durante el Estado de alarma. Los impactos de las medidas para frenar la pandemia han sido bastante evidentes para las personas que atiende Cáritas Diocesana de Barcelona. El cierre de la economía ha provocado que muchas de ellas pierdan su trabajo y vean como sus medios de vida, ya de por sí precarios, se rompan de un día al otro.
La encuesta realizada por Cáritas entre los hogares atendidos por la entidad muestran un incremento de la tasa de paro de 26 puntos entre febrero y mayo de 2020 (del 40,6% al 66,9%). Las situaciones de paro se han multiplicado entre aquellas personas que ya tenían unas condiciones laborales precarias, y que por eso estaban siendo acompañadas por Cáritas. Pero no todas lo han hecho de igual manera.
El impacto en la economía informal ha sido mucho más grande, especialmente en sectores como la venta ambulante, la recogida de residuos y los servicios domésticos y de curas. Ocupaciones que, a menudo, son realizadas por personas en situación irregular administrativa, que no tienen otra opción para trabajar que el mercado informal y que, con la paralización de la economía, han visto cerrarse la única fuente de ingresos del hogar.
La pérdida de puestos de trabajo ha comportado un incremento de los hogares sin ingresos de más 16,9 puntos porcentuales en Cáritas. Los hogares que atendíamos y que no tenían ningún ingreso en el mes de febrero representaban el 8,2%, pero en mayo, en medio del Estado de alarma por la COVID-19, estas pasaron a representar el 25,1%.
La situación también ha cambiado por aquellos hogares que han podido mantener alguna fuente de ingresos. Y es que ahora la fuente principal no son las ocupaciones, sino que un 66% de los hogares atendidos han pasado a cobrar prestaciones de paro, mientras que solo el 4,4% lo ha hecho con prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), en el que constituye como un gran ejemplo de como las políticas de prestaciones sociales no han sabido ser la herramienta de parada del golpe social de las personas más vulnerables.
Como consecuencia de todo esto, la pobreza severa entre los hogares que atiende Cáritas se ha disparado. Con la referencia del umbral de la pobreza severa para Cataluña, se ha pasado de un 47,5% en febrero de 2020, a un 67,4% en mayo.
La desocupación y la caída de los ingresos han provocado que casi la mitad de los hogares atendidos no puedan hacer frente a los suministros o la vivienda o que tengan que haber reducido su gasto en alimentación. Casi un cuarto de ellas dejaron de comprar medicamentos necesarios, y más del 60% tuvieron que pedir ayuda a diferentes entidades.
Los gobiernos catalán y español aprobaron una serie de medidas enfocadas a ayudar las personas que sufrían las consecuencias de la economía. Pero estas medidas se focalizaron en atender situaciones nuevas, se centraron en casuísticas ocasionadas por la COVID-19, sin tener en consideración que había hogares que ya sufrían unas condiciones de exclusión social previas y que, con la pandemia, han sufrido todavía más impactos.
Es por eso que Cáritas pide a las Administraciones un cambio en su forma de abordar estas consecuencias, para facilitar que, igual que el Estado de alarma ha tenido un fin, la alarma de las vidas de las personas en situación de exclusión se acabe.
De cara a fortalecer la RGC, y especialmente pensante en su integración con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Estado español, Cáritas pide incrementar la cobertura reconociendo el derecho a la RGC a las personas en situación administrativa irregular, a las personas en situación de sin hogar que no estén viviendo en centros y en personas jóvenes de entre 18 y 23 años. También hay que hacer la RGC compatible con las rentas del trabajo, puesto que la mejor manera de conseguir que las personas en situación de exclusión social se incorporen al mercado laboral es darlas seguridad y permitir que compatibilizan ingresos precarios por el trabajo y la red de apoyo que supone la RGC.
Cáritas también pide establecer programas de trabajo decente garantizado por parte de las administraciones autonómica y municipales. Las necesidades sociales que tendremos después del confinamiento se multiplicarán, así como las necesitado de ocupación por parte de las personas en situación de exclusión social. Habrá que establecer programas, conjuntamente con el Tercer Sector social, que garanticen a todo el mundo que quiera un trabajo digno.
Del mismo modo, Cáritas pide focalizar las políticas de ocupación en los colectivos más vulnerables, facilitando el tráfico de las personas en situación de exclusión social dentro del mercado laboral y acompañándolas a ellas y a las empresas para garantizar una relación laboral digna y humana. También hace falta que estas políticas laborales ayuden a las personas en situación administrativa irregular a realizar procesos de regularización que, de otra manera, tienen muy difícil realizar mediante el mercado privado. Proyectos que, al igual que los programas de trabajo garantizado, habrá que realizar conjuntamente entre las Administraciones y las entidades sociales, como el proyecto Labora.
La crisis de la COVID-19 está siendo excepcional, en tanto en cuanto nunca nos habíamos enfrentado a nada de semblante como sociedad. Por eso Cáritas considera que hay que hacer un esfuerzo, también excepcional, desde las políticas públicas para no dejar nadie atrás. Tenemos que aprender de los errores de la anterior crisis y afrontar esta nueva garantizando derechos, facilitando la salida de situaciones de exclusión social y elaborando proyectos inclusivos que nos permitan, esta vez sí, salir de esta juntos y juntas.
Descarga el Informe (Primer) impacto de la crisis de la COVID-19 en las familias atendidas por Cáritas Diocesana de Barcelona
Consultalo en la web https://caritas.barcelona/es/observatorio/especial-covid-19/
