La situación irregular de los migrantes y las duras condiciones legales a las que se enfrentan, retrasan su inclusión social. Impide, además, que personas mayores y solas, cuenten con los cuidados necesarios
Pepita hace 20 años que es viuda, vive sola, y le gusta. Vive en su piso desde que se casó, a los 22 años, y es feliz. No ha tenido hijos, pero tiene muchos sobrinos que la adoran. Hace tiempo que sus sobrinos están preocupados porque consideran que, a sus 89 años, no debería estar sola. Le han ofrecido vivir con ellos, pero no lo quiere de ninguna manera, y cuando le dicen para buscarle una cuidadora, frunce el ceño.
Una noche, Pepita se cayó y no se pudo levantar hasta el día siguiente, cuando pasó a verla uno de sus sobrinos. Estaba clarísimo: había que encontrarle una persona, al menos desde la cena hasta la mañana siguiente, y el resto del día ya se organizarían entre toda la familia. Finalmente, Pepita aceptó una cuidadora.
Varias chicas interesadas por el trabajo la han ido a ver. Todas son extranjeras y ninguna tiene autorización de residencia o de trabajo en España. Es muy difícil encontrar a alguien que esté dispuesta a dejar su casa para ir a dormir en otra; la mayoría de veces quien realiza estos oficios son personas en situación administrativa irregular.
De leyes y tiempo
Después de todas las entrevistas, Pepita cree que cogerá a Jasmin. Así que un sobrino ha contactado, rápidamente, con una asesoría jurídica de extranjería, para que les indiquen cómo conseguir la autorización de trabajo y Jasmin pueda trabajar legalmente en nuestro país.
Pero para sorpresa de todos, le han dicho que para Jasmin debe esperar ¡un año y medio! para trabajar regularmente. Si la cogen en su situación actual, ella les podría denunciar para obtener su autorización de residencia y trabajo.
Jasmin vive en España hace un año y medio: para cambiar de estatus necesita demostrar que lleva más de 3 años en el país, que se ha esforzado para arraigarse y que tiene un contrato de trabajo de un año con un sueldo superior al mínimo interprofesional. A los 2 años, si logra demostrar que ha trabajado más de 6 meses en la economía informal, porque ha denunciado a sus empleadores, también podría obtener la autorización.
Este contexto hizo que los sobrinos de Pepita se echasen atrás y Jasmin se quedó sin la posibilidad de trabajar legalmente, con contrato y cotizando a la Seguridad Social. Ella consiguió lo más difícil: un contrato de trabajo de un año con un sueldo digno, pero esto no es suficiente, tiene que estar 3 años en la clandestinidad para tener derecho.
