6 de cada 10 personas acompañadas por la entidad no tienen un trabajo digno, ya sea porque están desempleadas (43,8%) o porque se ven obligadas a trabajar en el mercado informal (20%)
Barcelona, 30 de abril de 2021 – Con motivo del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Cáritas Diocesana de Barcelona ha puesto de manifiesto la elevada precariedad laboral de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Según la última EPA y desde la llegada de la COVID-19 el aumento del paro ha sido de 88.100 personas en Catalunya. Actualmente, las personas desocupadas son 499.700, un 21% más que el primer trimestre del año pasado.
El informe Tercera Onada de l’impacte de la crisi de la COVID-19 en les llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona, elaborado a partir de más de 600 encuestas realizadas a personas atendidas por Cáritas, apunta que 6 de cada 10 personas acompañadas por la entidad no tienen un trabajo digno, ya sea porque están desempleadas (43,8%), o porque se ven obligadas a trabajar en el mercado informal (20%). Asimismo, el 25% de las familias atendidas por Cáritas Barcelona tienen todos sus miembros desempleados.
La pandemia ha generado nuevas formas de precariedad laboral. Las personas deben asumir más riesgos de exposición ante la enfermedad (el 75% de las personas se han visto obligadas a asumir riesgos por razones de trabajo) o tener consecuencias negativas en el caso de hacer una cuarentena (el 70% de las personas no se puede permitir hacer un confinamiento, ya que perdería el trabajo o se quedaría sin ingresos). La mayoría de estas personas tienen trabajos precarios que mayoritariamente están relacionadas con el servicio doméstico, el cuidado y el acompañamiento a menores, mayores y dependientes, o la venta ambulante, entre otros.
No tener trabajo, o tener un trabajo con el que no se pueden cubrir todos los gastos supone que 1 de cada 4 hogares con niños no pueda pagar el gasto escolar ordinario, que un 35% no pueda acceder a la medicación que necesita, o que un 48,5% de familias no puedan llevar una alimentación adecuada. Asimismo, esta situación provoca que el 49,8% de las familias se encuentre en apagón digital. No disponer de un dispositivo electrónico, de conexión a internet o de los conocimientos suficientes para llevar a cabo gestiones telemáticas ha provocado que el 41% de las personas atendidas por Cáritas haya perdido alguna oportunidad formativa, y que un 30% haya perdido alguna oportunidad laboral.
“A pesar de que las cifras de ocupación laboral de las personas que atendemos desde Cáritas se aproximan a la situación de antes de la pandemia, no es un buen dato. Hace un año ya alertábamos de un mercado laboral inestable, generador de exclusión social. No podemos dejarnos llevar por el espejismo de la supuesta recuperación”, afirma Dessirée Garcia, responsable del programa de formación e inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
Asimismo, García ha constatado que los trabajos considerados esenciales, ejercidos mayoritariamente en condiciones precarias, no se han visto reconocidas durante esta crisis, y que hay que reivindicar el papel de las personas que cuidan de personas o de aquellos que garantizan que un espacio esté desinfectado. “Las medidas de protección social diseñadas para paliar los efectos de la crisis no ha llegado a las personas que más lo necesitan, como tampoco ha pasado con el subsidio temporal previsto para las trabajadoras del hogar o el ingreso mínimo vital”, ha indicado.
Cáritas Diocesana de Barcelona, juntamente con las demás entidades que conforman la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, alerta de la tendencia a convertir los ERTEs en EREs, y que esto pueda suponer un aumento del paro de carácter permanente. Por este motivo, reclaman impulsar nuevas políticas activas de empleo en Cataluña, y que el gobierno del Estado y el de la Generalitat aprovechen los fondos que la Unión Europea destina a las políticas activas de empleo. Asimismo, piden que las entidades del Tercer Sector tengan un papel destacado en la investigación y la realización de nuevas políticas activas. Finalmente, es necesario que la administración impulse proyectos enfocados a reducir la brecha digital, un muro infranqueable para muchas personas en situación de vulnerabilidad.
