Las administraciones públicas han regulado los usos de los espacios públicos de manera más restrictiva, pensando en garantizar una sensación de (falsa) seguridad a la ciudadanía ante aquellas personas que no hacen un uso que vaya de acuerdo con la nueva “normalidad”
El pasado 15 de octubre, entró en vigor la prohibición de dormir en la calle en toda Hungría. Esta medida del gobierno dirigido por Viktor Orban es, ni más ni menos, que otro hito en el camino húngaro de persecución a todas las personas que no tienen hogar.
La persecución al sinhogarismo ha sido una constante desde que Orban ganó las elecciones en 2010. Ese mismo año, desde el gobierno central se permitió a las ciudades legislar para prohibir la vida de las personas que no tenían vivienda, que viven en situación de sin hogar. Budapest, la capital, ya lo reguló en este sentido, imponiendo multas de hasta 165 euros a las personas que hicieran del espacio público su residencia habitual. Dos años después, en 2012, Orban aprobó una ley estatal que subía estas multas hasta 517 euros y, incluso, permitía la entrada en prisión de aquellas que reincidían. La legislación fue tan duramente criticada que el Tribunal Supremo húngaro terminó por decretar la inconstitucional, pero Orban continuó su ofensiva cambiando la constitución para poder continuar su política.
Todo lo que está pasando estos días en Hungría se inserta en una deriva punitivista que ha llevado a muchas administraciones públicas en Europa y Estados Unidos a perseguir la vida de aquellas personas que son consideradas no-personas, de las que no tienen acceso a una vivienda, que no tienen acceso a un trabajo, que son, en definitiva, personas en situación de sin hogar. El concepto de espacio público, y los usos que se derivan, ha sido campo de nuevas batallas políticas en las últimas décadas. Las administraciones públicas han regulado los usos de los espacios públicos de manera más restrictiva, pensando en garantizar una sensación de (falsa) seguridad a la ciudadanía ante aquellas personas que no hacen un uso que vaya de acuerdo con la nueva “normalidad”. Es así como se ha logrado criminalizar a estas personas al tiempo que se ha privatizado el espacio público.
Criminalización del otro
Esta batalla se ha traducido en forma de multas económicas, cuando no sanciones penales, a las personas en situación de sin hogar, en la persecución de sus actividades diarias, sin tener en cuenta que el espacio público es el único espacio donde pueden satisfacer sus necesidades básicas. También en la criminalización de sus actividades, llamándolas “mafias” y generando una sensación de inseguridad debido a sus actividades, la cual, se nos dice, sólo puede ser resuelta (y afrontada) desde el derecho penal y la persecución policial.
A nivel estatal, la llamada ley mordaza, así como el modelo de ordenanza recomendado por la Federación Española de Municipios y Provincias han promovido una persecución de toda esta serie de cuestiones, abordando el problema del sinhogarismo desde un punto de vista punitivo, y no desde la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda.
En la ciudad de Barcelona, hace años que convivimos con la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público, la cual sigue esta línea y que, desgraciadamente, no ha sido modificada en su parte esencial por ninguno de los tres gobiernos municipales posteriores a su aprobación.
La ordenanza barcelonesa prohíbe dormir, tanto de día como de noche, en los espacios o vías públicas, así como utilizar los bancos o asientos públicos, por cualquier otra actividad que no sea su finalidad. También prohíbe buscar en los contenedores. Impone multas económicas para actividades que podrían ser objeto de las personas en situación de sin hogar, aunque intenta fomentar la intervención de servicios sociales en los casos que se estime que hay un riesgo de exclusión social. Al respecto de las multas económicas, hay que ser conscientes de que sus efectos sobre las personas en situación de sensellar, que no pueden pagarlas por razones obvias, provocan aún más dificultades para salir de esta situación, ya que tener deudas con la administración se traduce en la posibilidad de que se les embargue el sueldo si en un momento dado encuentran un trabajo.
La ordenanza se presta a las interpretaciones que las fuerzas y las administraciones públicas hagan en cada momento, pudiendo poner, como ocurrió en el 2011, a los agentes de la Guardia Urbana a vigilar los contenedores de cartón de la ciudad. O dedicando más esfuerzos a la persecución de la venta ambulante, como se constata cuando se estudian las denuncias, provocando efectos tan polémicos como intercambiar personas que realizan la venta ambulante, por terrazas turísticas.
Autopercepción, indefensión y vulneración del derecho a la vivienda
Estos tipos de normativa tienen un efecto sobre la autopercepción de las personas que la padecen. Refuerza la visión de vivir en la marginalidad, de no sentirse parte de la sociedad, las estigmatiza, las tensa, y consolida la sensación de indefensión. Esta última consecuencia, se agrava al no posibilitar un procedimiento de defensa gratuita de sus derechos, ya que la ordenanza no recoge hechos concretos que sean sancionables, sino que se mueve en cierta ambigüedad interpretable por las fuerzas policiales.
Como resultado de este punitivismo, tenemos un sistema de acceso a la vivienda dual. Aquel pensado para las personas que llevan una vida conforme a la norma “normal”, las personas consideradas ciudadanas, a las que se les requiere unos mínimos de ingresos y de empadronamiento para poder solicitar una vivienda pública. Y aquel pensado para las no-personas, para quien tiene un modo de vida diferente, por causa de la exclusión social, a quien se le escalona el acceso a la vivienda, debiendo pasar por diferentes etapas para alcanzar su derecho a la vivienda -aunque hay programas que se saltan escaleras, como el Housing First. Una dualidad que no hace más que enfrentar personas con personas, vulnerables con vulnerables -porque somos todos, vulnerables-, planteando dicotomías y conflictos irreales para amargar detrás de estos debates el factor más grave del problema del sinhogarismo: la vulneración del acceso al derecho a la vivienda.
(Si te ha interesado este tema, no dudes en profundizar leyendo este artículo de Sonia Olea (Cáritas Española) y Guillermo Fernández).
