Actualmente la energía y el agua están mercantilizadas y la garantía de acceso a los suministros básicos a merced de las empresas que tienen el control y la gestión. El afán de lucro de estas empresas pondrá siempre por encima los beneficios a la garantía de este acceso. El capital es quien manda. Vemos qué genera el capital.
Casi 800 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y más de 2.000 millones, al agua potable; también, unos 3.000 millones de personas calientan la casa y cocinan con la crema de biomasa o carbón. Esta carencia de garantía en el acceso también provoca problemas de salud, puesto que 1.000 niños mueren diariamente por problemas relacionados con la higiene y cada año, mueren de forma prematura 4 millones de personas por enfermedades atribuidas a la contaminación del aire de los hogares a consecuencia del uso de combustibles fósiles para cocinar.
Esto pasa mayoritariamente en el Sur Global, pero aquí la garantía de los suministros tampoco está garantizado, es restringido y limitado, y sobre todo, condicionado. Por un lado, se producen cortes de suministro por impago independientemente de las posibilidades reales de las familias. Y por la otra, también existe una importante carencia de mantenimiento de las redes de distribución que deja a oscuras muchas familias de todo el Estado, haciéndonos dependientes de las inversiones privadas en la red.
Es importante, remarcar que en Cataluña tenemos la Ley 24/2015, nacida de una ILP promovida y luchada por los movimientos sociales. Esta ley evita el corte de suministro por impago a familias vulnerables y establece el mecanismo para enjugar la deuda: acuerdos entre administración y empresa. Aun así, la deuda todavía es un problema no resuelto por carencia de voluntad política valiente de exigir la condonación a las empresas del oligopolio eléctrico, dado que tienen beneficios anuales mil-millonarios. Muchas de las familias que han acumulado esta deuda desde el 2015, han recibido presión y acoso por parte de las empresas porque lo paguen.
El capital mantiene un sistema energético que falla a destino, no garantizando el acceso, pero también en origen, vulnerando derechos humanos y causante daños medioambientales muy importantes, todo para mantener beneficios a las empresas que gestionan los suministros básicos. La producción energética está muy relacionada con un sistema legislativo muy laxo que permita proyectos que entran inevitablemente en conflicto con la población de los territorios donde se ejecutan, así como estándares ambientales a la baja, permitiendo mayor contaminación y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEH), la generación de energía para ser aprovechada por el consumo es causante aproximadamente del 80% de estas emisiones en la Unión Europea; y mayor pérdida de biodiversidad.
La energía es básica por la sostenibilidad de la vida humana, desde la alimentación que es fuente de energía para el trabajo motor y cerebral de nuestro cuerpo, hasta la energía necesaria para la cocción de los alimentos, la iluminación o la calefacción. Por sorprendente que parezca el derecho a la energía no está equiparado todavía a los derechos humanos fundamentales, aunque está relacionado con muchos de estos, sobre todo con los referentes a una vivienda digna.
Considerar el acceso a la energía como un derecho humano fundamental es avanzar hacia la consideración de la energía como un bien común y no como una mercancía, y con la posibilidad de exigibilidad a los responsables de obligaciones que tendrían que respetar, proteger y garantizar este derecho esencial. Además, es importante que este derecho gire alrededor de la solidaridad, de forma que se pueda garantizar sin perjuicio de jefe otro derecho en el presente, en todo el mundo, y en el futuro, para las futuras generaciones. Por lo tanto, el modelo energético tiene que ser garante de la sostenibilidad de la vida, en todas sus formas. Se tiene que basar en el ecodependència, a sabiendas de las limitaciones del planeta y nuestra dependencia a los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades energéticas.
Es indispensable que para crear un modelo a favor de la vida, las decisiones se tomen respondiendo a criterios y necesidades colectivamente identificadas, mediante mayor poder de decisión de la ciudadanía y control social de la gestión de los suministros básicos. La generación de energía que destruye la vida, utilizando fuentes nucleares o combustibles fósiles y la que su acceso no es seguro o no está garantizado sin sufrimiento, acoso, escasez o precariedad, no puede formar parte de este nuevo modelo.
Por eso es importante que para garantizar fuentes de energía responsables con la vida y por una cuestión de equidad y justicia social, haya un decrecimiento en el consumo global, porque nos encontremos con necesidades insatisfechas y poblaciones con sobreconsumos: el 50% de las emisiones de GEI provienen de actividades del 10% más rico de la población mundial. Por ambos motivos, es importante basar el modelo en la territorialidad, con fórmulas heterogéneas para garantizar los suministros básicos y convertir la energía en un verdadero satisfactor de las necesidades más indispensables para una vida digna.
