La Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible se aprobó en 2015 en medio de una preocupante crisis de sinhogarismo en las ciudades de Europa y Norteamérica.
En sus informes anuales, La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan para las Personas Sin Hogar (FEANTSA por sus siglas en francés) lleva años documentando un incremento del número de personas en situación de exclusión residencial en casi todas las zonas metropolitanas del continente. En Bruselas, el número de personas sin techo se duplicó solo entre 2014 y 2016; en París, en febrero de 2018, se contabilizaron 2.952 personas durmiendo al raso y 2.149 en refugios habilitados para resguardarse del frío; en el Reino Unido, el número de personas durmiendo en la calle creció en un 135% entre 2010 y 2018. En España, entre 2014 y 2018, la gente alojada en centros de acogida creció en un 32% y se estima que el número de personas sin hogar alcanzó las 40.000 personas en 2019.
Acercarse a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sería una gran noticia para las personas sin hogar y para quienes viven dificultades para mantener la vivienda o el alojamiento. El sinhogarismo es una situación de pobreza extrema (ODS 1) y la expresión más cruda de desigualdades cada vez más evidentes en las ciudades (ODS 10). Unas ciudades que expulsan población de rentas bajas de sus barrios a la vez que atrapa a quienes viven de la economía irregular y de las migajas de la actividad económica mientras residen en infraviviendas o en la misma calle. La vulneración del derecho a la vivienda erosiona, cuando no niega, otros derechos recogidos en la Agenda 2030: no tener hogar dificulta mucho mantener una alimentación adecuada (ODS 2) y daña la salud (ODS 3), pone en riesgo la integridad física y psicológica de las personas (ODS 16) y supone una mayor exposición de las mujeres a la violencia machista (ODS 5).
Para cumplir con los objetivos es necesario que los actores políticos y sociales emprendan políticas para reducir drásticamente la exclusión residencial. El incremento del sinhogarismo entre 2014 y 2020, en tiempos de crecimiento del Producto Interior Bruto, pone de manifiesto las limitaciones de las políticas redistributivas y una profunda crisis en los mecanismos de protección social. Ya hace demasiado tiempo que sabemos que el enriquecimiento de unos cuantos no reduce la pobreza, que el empleo no garantiza una vida digna y que la especulación con la vivienda dispara las desigualdades.
La crisis social y económica desencadenada por la pandemia de la COVID19 está teniendo repercusiones en las vidas de todo el mundo pero se está ensañando con personas y familias que ya sufrían la precariedad en su relación con los mercados laboral y de la vivienda. Durante el primer gran confinamiento se nos decía que para protegernos debíamos quedarnos en casa y se evidenció la desprotección de quienes no tenían casa. No sólo de las personas que dormían en la calle, también de trabajadoras domésticas que habían pedido sus ingresos y vivienda de forma fulminante, empleadas y empleados de un sector de la hostelería que no ofrece ninguna estabilidad, gente que acababa de perder la habitación de alquiler en la que mal vivía… Un virus ha dejado expuestas un sinfín de situaciones al filo de la vida en la calle y la ola de empobrecimiento profundiza en la vulnerabilidad de sectores cada vez más grandes de población.
Alcanzar los ODS en 2030 reduciría el sinhogarismo porque para llegar a ellos hacen falta cambios profundos que impidan la especulación y el enriquecimiento a costa de la especulación con la vivienda, que reviertan la precarización del mercado laboral, que impulsen nuevos mecanismos de protección social y de garantía de rentas y que pongan fin a una gestión inhumana de los flujos migratorios.
