El Servicio de Mediación en Vivienda nació hace tres años de la necesidad de prevenir la exclusión social residencial que puede provocar la pérdida de la vivienda a familias propietarias o arrendatarias sobreendeudadas interponiendo la intermediación como herramienta para resolver situaciones de vulnerabilidad. Durante estos años, hemos podido comprobar que es una herramienta imprescindible para luchar contra la exclusión social residencial.
El objetivo del proyecto es intermediar ante la entidad financiera o el propietario para conseguir la mejor propuesta para la persona afectada y a la vez que sea aceptable para la entidad financiera o el propietario.
Con las entidades financieras tenemos un interlocutor único, para agilizar y facilitar los términos de la mediación y la resolución de cada caso.
De los casos resueltos a través de la mediación, el 37% es a través de la reconducción de la deuda; el 33% con el mantenimiento del alquiler; el 12% en dación en pago; el 11% con ayudas en el pago de fianza y el 7% a través de la dación en pago y el alquiler social. Se ha facilitado vivienda de la Fundació Foment de l’Habitatge Social, promovida por Cáritas, a 48 familias.
La mayoría de los perfiles de las familias atendidas en el Servicio de Mediación en Vivienda son: persones que están en el paro (68%), el 51% son parejas con hijos; el 21% son madres con hijos. El 60% de nacionalidad española, y en el 67% de casos los cabeza de familia atendidos tienen entre los 30 y los 49 años.
El porcentaje más alto de casos de préstamos o créditos hipotecarios atendidos corresponde a compras realizadas durante el año 2006 y por importe superior al precio de compra. Ahora mismo, los casos que llegan son de una mayor complejidad (desahucios exprés, embargos, doble desahucio).
La dificultad más grande con la que nos encontramos es la resolución de problemas a causa del sobreendeudamiento de las familias, provocado por acceder a financiaciones no bancarias, a intereses muy altos, para poder afrontar los pagos del hogar. Ahora se encuentran con embargos, y lo que es peor, con acoso por parte de los creditores.
Por todo esto, constatamos que existe una relación entre unas malas condiciones de la vivienda y la mala salud, física y mental, de las personas. Que la crisis y el acceso a la vivienda provocan un empeoramiento de la salud global de toda la sociedad. Por todo esto, pensamos que la salida de la crisis no tiene que ser sólo económica, si no que sin unos servicios públicos que atiendan a las necesidades de las persones la sociedad no lo podrá conseguir. Además, es necesario poner en marcha mecanismos para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todas las personas:
- A corto plazo: herramientas para ayudar a hacer frente a los pagos de hipoteca y alquiler, para reducir los desahucios.
- Involucrar a las entidades financieras en la resolución más ágil de los problemas, para evitar las situaciones que se crean a las personas durante el tiempo de espera de las respuestas y las resoluciones contractuales.
- Incidir y presionar a la Administración y a las entidades financieras para abordar la ocupación ilegal que se ha convertido en un problema insostenible y de dificultad extrema, ya que no parece que nadie quiera abordar esta situación irregular que está provocando gran parte de los lanzamientos.
- A medio-largo plazo: promoción de vivienda social y ayudas en el alquiler. Al mismo tiempo que procurar un parque público de vivienda social.
