Entrevistamos a Joan Uribe, antropólogo, quien defiende la ciudad desde los principios de la justicia social, la igualdad, la democracia y la sostenibilidad. Uribe será el último ponente del Dilluns dels Drets Humans
Joan Uribe Vilarrodona ha trabajado 12 años gestionando servicios para personas sin hogar en Sant Joan de Déu Serveis Socials. Actualmente es gerente del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona. Doctor en Antropología Social, es profesor de Antropología de la Exclusión Social en la Universidad de Barcelona, participa en investigaciones sobre el ámbito y tiene varias publicaciones, algunas de las cuales, relativas al concepto de Derecho a la Ciudad.
En esta entrevista nos habla del Derecho a la Ciudad, una idea aparecida durante la segunda mitad del siglo XX que defiende la realización y producción social de la ciudad desde los principios de la justicia social, la igualdad, la democracia y la sostenibilidad.
En los últimos años el derecho a la ciudad ha avanzado en su reconocimiento internacional, con la primera mención por parte de las Naciones Unidas en el documento final de la Nueva Agenda Urbana de Habitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) . En septiembre de 2016, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, organización que agrupa a la mayoría de los gobiernos locales y regionales del mundo, también reconoció el Derecho a la Ciudad como parte de su agenda política.
¿Qué debemos entender por “derecho a la ciudad”?
El Derecho a la Ciudad es un “súper derecho” que va más allá de los derechos jurídicos sin obviar su importancia. El Derecho a la Ciudad es el derecho a un espacio producido libremente por la sociedad, a fin de poder desarrollar la acción comunitaria y colectiva en su máxima expresión de libertad, creatividad, y potencia, entendida como posibilidad de hacer.
De las múltiples facetas que engloba este derecho, ¿cuáles cree que son prioritarias y/o urgentes?
La re-construcción de la comunidad, y del qué hacer: construcción social, construcción del espacio común, por parte de la comunidad. A nivel más práctico, más “aterrizado” en el mundo del derecho objetivo: los derechos humanos, los derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho a la participación activa, por citar algunos de los más punzantes.
Como siempre, los colectivos más vulnerables son los que tienen más dificultades para ejercer sus derechos. ¿De qué manera se les puede proteger en el espacio urbano?
Reconociendo de manera efectiva como un actor más con capacidad de decidir: ya basta de dar por hecho que se someterán a la decisión de la parte no-vulnerable o no-excluida. Esto debe venir por dos lados, el de la sociedad que, consciente y voluntariamente se oriente hacia este reconocimiento, y el del marco legal y normativo, que se oriente de manera decidida en esta dirección.
Uno de los derechos que se puede enmarcar en el derecho a la ciudad es el derecho a una vivienda digna. ¿Cómo puede afectar sobre este derecho una proposición como la llamada “ley antiocupaciones”?
No soy jurista, no conozco en detalle esta ley ni qué tipo de aplicación orienta. De entrada, y como contexto, me preocupa una realidad: el marco legal en relación a la vivienda, cuando se orienta hacia el reconocimiento del derecho, suele ser recortado para favorecer legalmente la visión de la vivienda puramente como objeto de mercado.
¿Cómo se conjuga este derecho desde una perspectiva individual y colectiva? ¿Pueden convivir ambas?
Claro que sí, porque son lo mismo. O, mejor dicho, cuando hablamos de derechos individuales, estamos hablando también de los derechos de aquellos que generan la comunidad, el colectivo, y que no son sino los individuos. Está claro que hay tensiones, fricciones e incluso conflicto en el paso de lo individual a lo colectivo. Pero es como decir que están en la tensión entre las expectativas entre un individuo y otro. Además de la tensión, el diálogo e incluso el conflicto social, surge también el cambio, el paso de unas formas de hacer y ser en otras: el problema no es ese. El problema es la negación de este derecho, o su manipulación.
Este es un derecho que contempla la participación activa de la ciudadanía, ya sea a título personal o organizada en entidades y asociaciones. ¿Qué iniciativas/canales de participación ya están abiertos/as por un derecho real a la ciudad?
Pocos. Hay una actividad que cobra fuerza alrededor del Observatorio DESC, así como la FAVB, y otros. Y muchos colectivos, asociaciones y personas, como bien dices, a título individual. Experimentaciones que de manera consciente, y desde planteamientos situacionistas, experimentan y tantean la aplicación del derecho a la ciudad… Pero falta una gran conciencia colectiva al respecto, y, sobre todo, una acción comunitaria de reivindicación y acción de construcción social consciente.
Otro de los aspectos que incluye el “derecho a la ciudad” es el de la seguridad. Todo el mundo quiere vivir y moverse en un entorno seguro. ¿Cómo pueden coexistir la seguridad sin convertir los núcleos urbanos en estados policiales, respetando las libertades individuales y colectivas?
Lo veo especialmente complicado en un momento como el actual en el que el terrorismo toma un protagonismo especial.
No debería ser tan complicado: la seguridad individual o tender a la seguridad, tampoco debemos caer en la trampa de pensar que la seguridad es garantizada, no debe ser a costa de la libertad. Este fue un binomio proyectado sobre las sociedades hace unos años, y que se ha asumido en gran medida pero sencillamente no debe ser así. Para sentirnos razonablemente seguros, no debemos proyectar sociedades policiales, ni bajo control. No es necesario.
Por último, ¿cómo podemos contribuir desde una organización como Cáritas a desarrollar el derecho a la ciudad y ejercerlo?
Ayudando a generar comunidad. Apoyando espacios y sensibilización de activación de la sociedad orientada a la participación activa, no a hacer lo que nos sugieran, sino decidir conjuntamente desde la base qué sociedad queremos, y formar parte también de la construcción: recuperando la obra, en el sentido de creación conjunta del hecho social. Cáritas puede dar mucho apoyo en este sentido por su trayectoria, implantación y reconocimiento social.
