Observatorio de la Realidad / Sin hogar y vivienda / 17/07/2020

El derecho a la vivienda, en cuarentena

Publicado por: Fernando Díaz

Impactos de la crisis de la COVID-19 en la vivienda de las personas atendidas por CDB

Durante el Estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, la vivienda ha adquirido el valor social que, desde Cáritas, hace tiempo que venimos señalando. Muchas personas vieron como sus vidas quedaron recluidas en viviendas inadecuadas, muchas familias se sintieron todavía más atrapadas en aquellas habitaciones de realquiler con insuficiente ventilación y luz natural. La verdadera cara de la vulneración del derecho a la vivienda se ha podido ver durante esta pandemia.

El derecho a la vivienda es un derecho reconocido pero frecuentemente vulnerado. Las personas en situación de exclusión social no han podido beneficiarse de las medidas aprobadas durante la crisis de la COVID-19, puesto que estas han sido pensadas como apoyo a personas que han entrado en precariedad a raíz de la parada de la economía por culpa de la pandemia. En cambio, las personas que ya estaban en situación de exclusión sufrían unas condicionas de acceso mucho más complicadas, puesto que no disponen de contrato de alquiler, muchas veces no disponen de las garantías necesarias para poder alquilar una vivienda y, ni mucho menos, acceder a una hipoteca.

Cáritas ha realizado una encuesta entre los hogares que atiende, para ver como las ha impactado esta crisis de la COVID-19. Casi la mitad (49%) indican no pueden cubrir los gastos que tienen de suministros del hogar y un 43% afianzan que no pudieron pagar el precio de alquiler, realquiler o de su hipoteca. Un 17% se ha tenido que mudar o se están planteando mudarse debido a la incapacidad para hacer frente estos pagos. Y hasta el 14% han recibido una amenaza de expulsión, habiendo sufrido abusos de poder casi el 9% de los hogares. No nos habíamos recuperado de una crisis económica iniciada al 2007 y que tuvo como consecuencia una emergencia habitacional encara no resuelta, y nos hemos encontrado con esta situación de la COVID-19.

Valoramos positivamente las moratorias aprobadas en cuanto al pago de alquileres e hipotecas pero estas medidas son insuficientes atendiendo a la realidad de las personas a las que acompañamos. La carencia de ingresos por la imposibilidad de trabajo durante la COVID-19 ha sido una constante en las personas que acompañamos.

También destacamos en positivo que en algunos hogares acompañados por Cáritas se han podido aplazar los pagos de vivienda (34%), o incluso en algunos casos se ha podido bajar el importe a pagar (4%).

La situación de grave dificultad en el acceso al derecho a la vivienda, se ha visto pues empeorada debido a las consecuencias del Estado de alarma, con lo cual ahora hay que hacer un sobreesfuerzo, que se tiene que sumar al importante esfuerzo que ya se tenía que hacer antes de la COVID-19, para garantizar que todo el mundo tenga una vivienda digna, un hogar adecuado. Hay que incrementar un parque de vivienda pública social que llegue a la media europea. En este sentido, sabiendo que la política de vivienda tiene que combinar medidas a largo plazo con otros a corto, Cáritas propone una serie de medidas que, en conjunto, mejorarían las capacidades de las administraciones para conseguir el parque de vivienda pública que necesitemos.

  • El empadronamiento
La primera cuestión a abordar tiene que ser el derecho al empadronamiento. Los Ayuntamiento no pueden seguir denegando el empadronamiento alegando cuestiones como la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, impedir el empadronamiento de personas migradas, juzgar cuestiones de naturaleza jurídico-privadas sobre la vivienda o sobre cuestiones de residencia legal en España de las personas interesadas. Todo y la reciente aprobación de la  Resolución de 29 de abril de 2020, esta realidad todavía persiste. Por lo tanto, Cáritas reitera que corresponde en los Ayuntamientos buscar y aplicar los medios disponibles para empadronar en todas las personas que viven en su municipio y así lo hayan solicitado. En los casos de personas y familias que relloguen habitaciones y que no lo pueden acreditar documentalmente, hay que aplicar el mecanismo del empadronamiento sin domicilio fijo.

Para que todas las administraciones públicas catalanas tengan más herramientas para conseguir vivienda y se pueda ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social, Cáritas defiende la recuperación el artículo 42.6 de la Ley del Derecho a la Vivienda (18/2007) para recobrar la herramienta del alquiler forzoso.

Cáritas también pide dotar de presupuesto adecuado el programa de ayudas al alquiler de la Generalitat de Cataluña, el cual ha visto reducido su presupuesto los dos últimos años, al tiempo que muchas solicitudes se quedan sin respuesta. Del mismo modo, Cáritas entiende que la Generalitat de Cataluña tiene que potenciar estas ayudas al pago del alquiler ampliando el umbral que le viene marcado por el Plan Estatal y levantando los limitantes que se han posado durante las convocatorias de los dos últimos años. Hace falta que se adapten a la capacidad de justificación que tienen las personas en situación de exclusión.
  • El abordaje del sinhogarismo

En linea con las políticas de exclusión social, el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales y Familia tendría que aprobar, de manera urgente, la estrategia integral por el abordaje del sensellarisme, así como dotarla adecuadamente de presupuesto, para que los municipios catalanes puedan establecer unas políticas que vayan más allá de las desplegadas hasta ahora.

Habrá que volver a potenciar los mecanismos para evitar la pérdida de la vivienda de compra, como comienzos de la década pasada. Por eso, Cáritas pide un programa de ayudas al pago de cuotas hipotecarias, para que la mediación de la Ofideute pueda venir acompañada de un apoyo económico que permita a las personas en situación de impago posarse en el día de las cuotas hipotecarias.

Por último, hay que entender que el derecho a la vivienda no estará garantizado si no va acompañado del derecho a la energía. Las medidas de confinamiento y restricción a la movilidad han supuesto el incremento del consumo doméstico. Cáritas entiende que hay que encontrar soluciones por las deudas generadas por el consumo de los suministros básicos.

Descarga el Informe (Primer) impacto de la crisis de la COVID-19 en las familias atendidas por Cáritas Diocesana de Barcelona

Consultalo en la web https://caritas.barcelona/es/observatorio/especial-covid-19/

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Politólogo. Técnico del departamento de análisis social e incidencia.

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