La necronomía (economía contra la vida) se palpa en las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Personas en situación de exclusión, invisibilizadas y con sus derechos más básicos vulnerados, pero que conocemos desde las entidades sociales.
Según la Fundación FOESSA estamos hablando de 2,2 millones de personas en situación de exclusión social en Catalunya. La vivienda se ha convertido en un bien especulativo, dejando a familias enteras a la intemperie, siendo una de las principales cuestiones que explican estas altas cifras de exclusión. Estas familias sobreviven en situaciones de calle, en infraviviendas o realquilando habitaciones. Me gustaría que fuéramos conscientes de lo que significa: inseguridad permanente de que te echen a la calle, indefensión ante todo tipo de abusos (desde precios abusivos, obligación de compartir espacios comunes con desconocidos, dificultades en la convivencia, horarios para ir al baño…), rotación elevada y dificultad para arraigarte en el barrio. Todo esto aún se hace más difícil cuando hay niños, que no pueden hacer ruido, no tienen espacio para estudiar o que no pueden quedarse solos. El miedo a no tener suficiente dinero cada inicio de mes para pagar la habitación, sumado a la obligatoriedad de tener que elegir entre quedarse en la calle o no comer.
La vivienda es el lugar donde descansar, sentirse seguro, protegido… una realidad que queda muy lejos para muchas personas. La dificultad para hacer frente a los costes de la vivienda y los suministros no solo se da por unos precios del alquiler desbocados, sino también por un mercado laboral dualizado, donde el empleo se divide entre «empleo» o «precariedad laboral». Trabajar unas pocas horas al mes forma parte de la normalidad, con lo que el sueldo no llega para cubrir las necesidades más básicas. La inestabilidad no permite planificar la vida, sino sobrevivir con el agua al cuello. Lejos queda la carrera profesional, la realización personal.
Incluso disponer de lo más elemental, que sería un contrato laboral, es ahora un sueño para personas en situación administrativa irregular, que son las personas expulsadas e invisibilizadas incluso de las estadísticas; no constan, no existen… Unas fronteras de papel marcan la diferencia entre ciudadanos de primera y de segunda, o directamente no ciudadanos. Se añade la falta de lugares o de cultura del encuentro, la falta de vínculo con la comunidad, la falta de redes sociales que hace que las personas se sientan solas, se queden aisladas, cuando sabemos que la resiliencia se construye en comunidad, porque no es lo mismo afrontar las dificultades solo o acompañado.
Y así se van abriendo brechas en las condiciones de vida, que sitúan en desventaja a las mujeres, a las personas migrantes, a las familias con niños, niñas y adolescentes… y que, mediante la transmisión intergeneracional de la pobreza, son desigualdades también futuras, puesto que estos menores que viven estas condiciones hoy tienen mayor probabilidad de reproducirlas mañana, mientras no tengamos claro el derecho al cuidado y el principio del interés superior de los menores.
Y, finalmente, un pequeño apunte sobre el marco desde el cual miramos. Todavía nos cuesta salir de la mirada asistencialista y observar desde la mirada de derechos de las personas. Nos cuesta pensar en un nosotros que nos incluya a todos y a todas, nos cuesta darle sentido a valores como la solidaridad, que hoy se ha devaluado y ha perdido el significado de fraternidad que debería tener. Y si las personas tenemos unos derechos fundamentales es porque como sociedad tenemos la obligación de garantizarlos.
Recordando a Z. Bauman: el poder de carga de un puente no es la fuerza promedio de los pilares, sino la fuerza del pilar más débil. Lo que marca nuestra valía como sociedad es cómo tratamos a las personas que se encuentran en una situación de mayor fragilidad.
