Los movimientos migratorios forman parte del ADN del ser humano. Se han producido siempre, tanto internos como externos, y Cataluña tiene una larga experiencia.
Dos caras de la misma moneda
Recientemente hemos asistido a dos hechos que representan dos caras de la misma moneda en cuestión migratoria. Por un lado, el Congreso de los Diputados votó a favor de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una regularización excepcional de las personas que se encuentran en España desde finales de 2021. Es una iniciativa que recogió 700.000 firmas de la sociedad civil con el apoyo de muchas entidades, como Cáritas Barcelona, que aportamos 1.500 firmas. La medida quiere dar solución a las graves consecuencias de vivir en situación administrativa irregular (falta de trabajo digno, dificultades de acceso a vivienda, falta de ejercicio de derechos, etc.). Esta irregularidad afecta a aproximadamente 500.000 personas, un tercio de las cuales son niños.
Aprobar esta medida daría una respuesta en clave de derechos humanos a la situación de muchas personas que acompañamos desde Cáritas, al tiempo que permitiría que los trabajos que hoy desarrollan en el mundo del trabajo informal se tradujeran en cotizaciones e ingresos a la Seguridad Social. Aprobar la ILP acabaría con el drama actual de muchas familias, pero son necesarias otras medidas.
Por otra parte, Europa perdió la oportunidad de regular la migración con criterios de derechos humanos. El pasado 10 de abril se aprobó el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Una medida que entorpece el establecimiento de vías legales y seguras de llegada a Europa que eviten que las personas pusieran en riesgo su vida para llegar a nuestras fronteras.
Europa decide mirar hacia el otro lado
El Pacto Europeo de Migración y Asilo contempla un paquete de normas que se basan, principalmente, en evitar que las personas lleguen a las fronteras de un país de la UE, reforzar el control fronterizo y expulsarlas. De esta forma, promueve la externalización de las fronteras, una medida que ya se ha llevado a cabo en los últimos diez años. Ahora lo refuerza aún más, pagando a terceros países, a fin de que ejerzan de frontera de Europa. Son terceros países que muchas veces no garantizan los derechos humanos y que a menudo ejercen una violencia desmedida hacia las personas migradas que se encuentran en su territorio.
Por otra parte, el Pacto establece un sistema de control en las fronteras de todas las personas que quieran acceder sin una autorización de residencia, incluidos los solicitantes de protección internacional, y abre la puerta a retener a las personas en centros de internamiento durante 3 meses, mientras evalúan su solicitud de asilo, ampliable a 6 meses más. Así, una persona puede estar detenida en un centro de hasta 9 meses, muy por encima de los sesenta días actuales en España.
Poner los derechos humanos en el centro
Ante estas medidas, Càritas Barcelona pide al gobierno de España que implemente el Pacto con el máximo respeto a los derechos humanos, y que establezca mecanismos efectivos para asegurar vías legales y seguras que permitan la regularización desde su país de origen, así como posibilitar la entrada por motivos humanitarios, evitando que las personas pongan en riesgo sus vidas, con un proceso migratorio que no han escogido, sino que se ven forzadas a realizar.
Nuestros gobernantes tienen un reto. Todos y todas nosotros tenemos un reto, y no podemos mirar hacia otro lado.
