Tres personas migrantes que han perdido su empleo por la crisis de la COVID-19 explican cómo les ha afectado la pandemia, y cómo lo hacen para llegar a fin de mes con los pocos ingresos que tienen
“La COVID-19 ha sido un golpe muy fuerte”. Así se expresa Isidro, peruano de 54 años que lleva más de 20 en España. “Siempre he trabajado, en la restauración o cuidando personas. Antes de la pandemia, cuidaba a una persona mayor, pero murió en marzo de 2020. Desde entonces, no he encontrado nada. He agotado todos los ahorros que tenía, y veo como las opciones se acaban”. Isidro explica que la situación no solo le afecta económicamente, sino que también impacta en su estado de ánimo. “Vivo en una habitación de realquiler. Tengo que pagar 350 €, y no sé cómo hacerlo este mes”, admite.
Andrea también se encuentra en una situación similar. Ella es colombiana, y antes del estado de alarma hacía de auxiliar en una clínica dental, y también algunos canguros. “Mi situación administrativa me obliga a tener trabajos en la economía sumergida, y con la paralización del país he perdido los dos trabajitos que tenía. Ahora no tengo derecho a ninguna ayuda”, dice. Está buscando trabajo con la ayuda de Cáritas, que también le echa una mano para garantizar la alimentación del mes.
En cuanto a Katherin, sí que trabaja, pero solo gana 88€ mensuales para limpiar una escalera de vecinos. “Tengo tres hijos y un alquiler para pagar. Con 88€, ¿qué puedo hacer?”. Esto provoca que Katherin esté acumulando deudas, y que viva con incertidumbre su futuro más inmediato. “A principio de mes te llegan facturas de 900€ y piensas, ¿cómo lo voy a hacer para pagarlo?”, se pregunta. La desesperación obligó a Katherin a sacar de su casa a unos parientes, ya que estaban sin trabajo y ella no podía ayudarles. Ante la situación, decidió llamar a la puerta de Cáritas, que le ha ayudado con la alimentación de cada mes. “En Cáritas han sido los únicos que me han tendido la mano”.
Los tres casos coinciden en que no han recibido ayuda por parte de la administración, y que en la mayoría de las ocasiones los han derivado a las entidades sociales. “A mí me han colgado el teléfono, o directamente me han dicho que mi situación no era su problema”, explica Isidro. También afirman que las empresas se aprovechan de la situación de sufrimiento que ha generado la pandemia, sobre todo en cuanto a la situación de las personas irregulares. “Mi marido hizo unas reformas, y todavía está esperando que le paguen. No hay derecho”, dice Katherin.
Las personas en su situación no piden nada del otro mundo. “Un trabajo digno, lo que sea para vivir tranquilo”, apunta Isidro. “Necesitamos que la economía se abra, y que la administración se preocupe por nosotros y haga su trabajo”, coincide Andrea. Ninguno de ellos pide ayuda por capricho, sino que lo hacen por necesidad.
