Un 32% de las familias migradas de países extracomunitarios atendidas por Cáritas Barcelona no tienen ningún tipo de ingreso, y los ingresos procedentes de la economía sumergida han disminuido un 73% por la COVID-19.
- 7 de cada 10 personas migradas de países extracomunitarios de la diócesis de Barcelona sufren exclusión residencial. Muchas de ellas se ven obligadas a vivir en infraviviendas, amontonadas o en habitaciones de realquiler.
- Cáritas Barcelona pide que las personas migradas que lo necesiten puedan acceder a los servicios sociales básicos, sea cual sea su situación administrativa.
“Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes se pueden resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.” Con esta cita del Fratelli Tutti del Papa Francisco ha iniciado la presentación del informe de Cáritas Diocesana de Barcelona “Fronteras in-visibles, Como la irregularidad administrativa rompe el proyecto vital“.
El padre Joan Cabot, director del Secretariado Diocesano de Pastoral con Migrantes ha sido el encargado de dar la bienvenida, recordando que el compromiso de la Iglesia con las personas migrantes viene de lejos. El responsable de la Pastoral con Migrantes ha citado las protestas del 20 de enero de 2001, en la iglesia de Santa María del Pi, cuando más de 300 personas en situación administrativa irregular iniciaron una protesta para pedir su regularización. “La iglesia de Sant Pau del Camp, donde nos encontramos hoy, fue el espacio que acogió a las mujeres que participaban en esta protesta, y demuestra el afán de la Iglesia para acompañar a las personas más débiles de la nuestra sociedad”, ha apuntado Cabot.
Una carrera de obstáculos
Seguidamente ha intervenido Miriam Feu, responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona. Feu ha desgranado los principales datos del informe Fronteras in-visibles, destacando que la exclusión social de las personas de nacionalidad extracomunitaria casi triplica las de origen español, según datos del informe FOESSA de 2019. “La exclusión afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas migrantes. La tasa de paro se duplica, y la tasa de riesgo de pobreza se multiplica por cuatro”, ha advertido Feu. La responsable de análisis social ha destacado algunos de los mayores agravios que sufren las personas migrantes, como la exclusión residencial (70% personas migrantes con nacionalidad extracomunitaria vs. 29% de personas de nacionalidad española/comunitaria), en el ámbito de la salud (27% vs. 17%) o en la participación cívico-política (66% vs. 9%).
“Las personas migrantes están obligadas a superar una carrera de obstáculos día tras día. Conseguir una vivienda digna, empadronarse, ser atendido por servicios sociales o encontrar un trabajo son muros que diariamente deben saltar para llegar a la meta”, ha explicado Feu. La responsable de análisis social ha destacado que hay muros más altos que otros, sobre todo el de la vivienda y el del trabajo. “Las personas migrantes que atendemos desde Cáritas se ven obligadas a vivir en habitaciones de realquiler, sin contrato y totalmente desprotegidas. Además, deben estar tres años residiendo en el país invisibilizadas, y después de eso necesitan un contrato de un año a jornada completa para obtener la autorización de trabajo, lo que hoy es muy difícil, dada la precariedad laboral de nuestro mercado de trabajo”, ha denunciado Feu.
Feu ha constatado que cuestiones tan básicas como ser empadronado, abrir una cuenta corriente o ser atendido por los servicios sociales no es posible para muchas personas migrantes en situación administrativa irregular.
El impacto de la COVID-19 en les persones migrantes
“Las consecuencias sociales y económicas de la COVID-19 han golpeado con más intensidad a las personas migrantes, sobre todo en aquellas que viven de la economía informal”. Feu ha indicado que, a diferencia de la crisis económica de 2008, se ha paralizado buena parte de los trabajos que se sitúan en la economía informal. “Los ingresos de las familias atendidas por Cáritas Diocesana de Barcelona que sobrevivían de la economía informal (la mayoría de ellas migrantes) han caído un 73%, y un 32% de las familias migrantes de nacionalidad extracomunitaria no perciben ningún ingreso”, ha indicado.
Una administración ausente
Elisabet Ureña, responsable de migración de Cáritas Barcelona, ha sido la encargada de constatar algunas de las carencias jurídicas actuales para acoger a las personas migrantes. Ureña ha denunciado los controles de flujos migratorios alrededor del visado y el contrato de trabajo, además de una falta de adecuación de la norma a la movilidad migratoria actual que obliga a las personas a entrar de manera irregular.
“La gente criminaliza las personas migrantes, y las llama “los ilegales”. Las personas irregulares son nuestros vecinos de escalera, aquel que te da los buenos días, el que lleva al hijo a la misma escuela que tú o el que cuida los abuelos de tu mejor amiga. A diferencia de nosotros, esa persona tal vez llegó hace dos años, y no puede tener la residencia. De repente tiene que sacar a su hijo de la escuela, a medio curso, e irse del barrio, porque le han subido el alquiler de la habitación donde vive. No tiene dinero para pagar, pero tampoco tiene a nadie a quien pedir ayuda”, ha ejemplificado la responsable de migración.
Ureña ha apuntado algunas de las fronteras invisibles que se encuentran las personas migrantes, y ha querido poner énfasis en el caso de los menores de edad. “Mientras los niños son menores de edad, tienen los mismos derechos que los niños españoles. A los 18 años, si están irregulares, tienen que dejar los estudios”, ha advertido. Asimismo, Ureña también ha querido poner el foco en la situación de los menores no acompañados, indicando que no siempre son regularizados por las entidades tutelares, y que además solo tienen acceso al permiso de residencia. Esto los sitúa en un alto riesgo de sufrir una irregularidad sobrevenida si no obtienen un contrato, indicando que, a 31 de octubre de 2020, solo un 4.57% de los solicitantes han restado reconocidas con el estatus de refugiado y con derecho a la protección subsidiaria.
Una respuesta consensuada por parte de la administración
Finalmente, el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha sido el encargado de pedir políticas de choque a las administraciones públicas. Busquets ha destacado que hay un colapso en el sistema de citas a comisaría para la emisión de la TIE. Ante esta situación ha pedido agilizar el sistema actual de concesión de citas previas, tal como marca la resolución de concesión/renovación emitida por las oficinas de extranjería.
Asimismo, ha pedido una flexibilización en la concesión de las autorizaciones de residencia y trabajo, para que las personas extranjeras que se encuentren en nuestro territorio en situación administrativa irregular puedan acceder al mercado laboral con plenas garantías.
Seguidamente, ha pedido que los servicios sociales garanticen la atención de las personas migrantes, especialmente la de aquellas que tienen una situación administrativa irregular, definiendo cuáles son las prestaciones sociales básicas. “El marco normativo estatal y autonómico reconoce el derecho a recibir servicios y prestaciones sociales básicos, si bien al no dotar de contenido específico estos servicios y prestaciones, acaba siendo decisión de los entes locales. Los ayuntamientos deben buscar fórmulas para que el acceso a los derechos de atención social no esté sujeto a otras condiciones”, ha indicado Busquets.
Finalmente, ha pedido garantizar el empadronamiento de todas las personas que viven en un municipio, independientemente de que puedan acreditar título de propiedad o contrato de alquiler, tal como se estipula en la legislación vigente. “Es necesario que todas las administraciones apliquen la figura de empadronamiento sin domicilio fijo para atender las situaciones de personas que viven de realquiler sin contrato”, ha concluido.
