Desde el primer día, Cáritas actuó para atender las necesidades básicas de las personas encerradas y su papel fue clave en la resolución del proceso
El 20 de enero de 2001 decenas de migrantes celebraron una asamblea multitudinaria en Plaza Cataluña en protesta por la inminente entrada en vigor de la Ley de extranjería que desembocó en el histórico encierro en las parroquias. Esa noche Mn. Josep Vidal abrió las puertas de la iglesia del Pi para acoger cientos de personas que iniciaron una huelga de hambre en demanda de la derogación de la ley y la regularización de su situación. Posteriormente Mn. Deulofeu abrió la iglesia de San Agustín y los días posteriores se sumaron hasta una decena en Barcelona y Cornellà de Llobregat, donde se llegarían a acoger más de un millar de huelguistas, añadiéndose a partir de medios de febrero la iglesia de San Pablo con un encierro de mujeres. Desde el primer día, Cáritas actuó para atender las necesidades básicas de las personas encerradas y su papel fue clave en la resolución del proceso.
¿Cuál era el contexto?
La Ley de Extranjería aprobada en enero de 2000, y que debía entrar en vigor el 23 de enero de 2001, eliminaba algunos de los derechos que hasta entonces habían tenido los migrantes, especialmente el de regularización a partir de dos años de estancia en el país. Además, ampliaba las causas por las que se podía proceder a la expulsión de los que se encontraran en situación irregular, condenando a la marginalidad y clandestinidad a miles de personas. El fracaso de los procesos extraordinarios de regularización del año 2000, que sólo en Cataluña habían dejado fuera unas 34.000 personas, y la alarma generada por las amenazas de expulsión a medida que se acercaba el día de su aplicación, estuvieron en la base de la protesta que se sostuvo en las iglesias.
La actuación de Cáritas en las parroquias
La situación que se generó en el interior de estas con la avalancha de cientos de personas no fue fácil de gestionar. Cáritas inició los primeros días colectas para ayudar a los concentrados mientras duraba la protesta. A partir del 8 de febrero, fecha en la que la mayoría abandonaron la huelga de hambre, esta ayuda se extendió también a los alimentos. Junto con otras entidades y personas solidarias establecieron una logística básica para hacer que la estancia transcurriera en las condiciones más dignas posibles e hicieron llamadas en busca de voluntarios para cubrir turnos en las iglesias, recoger firmas de apoyo, organizar actividades como los cursos de formación de lengua, así como para cubrir necesidades más especializadas de enfermería, traducción, asesoramiento jurídico, trabajo social, etc.
En un manifiesto conjunto de Cáritas con Justícia i Pau y Mans Unides se denunció el recorte de derecho que suponía la nueva Ley de extranjería, se pidió a las administraciones una salida negociada al problema de los encierros y se hizo un llamamiento a la acogida y la solidaridad por parte de la sociedad, convocando a la gran manifestación del 4 de febrero en Barcelona organizada por numerosos colectivos agrupados dentro de la Plataforma de Apoyo. El éxito de esta, con la participación de unas 50.000 personas, supuso el inicio de las negociaciones entre las administraciones y los encerrados, los cuales pidieron que Cáritas y las otras dos entidades hicieran de mediadoras. Los acuerdos del 8 de marzo de 2001, donde se consiguió la promesa de regulación colectiva de las personas encerradas, hicieron posible el fin de la protesta, cuarenta y siete días después de haberse iniciado.
A pesar del fin, días después muchas de estas personas continuaban durmiendo en las iglesias por la falta de alojamientos y Cáritas tuvo que asumir esta problemática junto con la entidad Ibn Batuta y Iniciativas Solidarias, acogiéndose provisionalmente hasta que se revisaran sus expedientes de regulación a pensiones, viviendas y albergues como el de La Conreria en Tiana y Cabrera de Mar. Para éste, el Programa de Migración de Cáritas abrió en la parroquia de San Agustín un punto de atención con trabajadoras sociales para resolver las demandas, atendiendo hasta el 8 de junio de forma individualizada a 579 personas a partir de 2.022 entrevistas, recibiendo ayudas para el alojamiento un total de 444 personas, la mayoría provenientes de Pakistán, Bangladesh y la India. El 12 de junio de 2001 los inmigrantes recibieron en la iglesia del Pi la notificación del permiso de residencia gracias a las más de 900 personas que habían participado en las protestas. A pesar del ambiente festivo y de enorme alegría que se vivió ese día, los problemas de cientos de migrantes no se acabaron.
El problema continúa
Pocas semanas después de que se resolviera la situación de la mayoría de los encerrados en las parroquias, un nuevo conflicto estalló con el grupo de personas subsaharianas que desde el mes de mayo dormían en Plaza Cataluña al haber sido trasladadas desde Canarias por el gobierno español con una orden de expulsión. El verano de 2001 el Ayuntamiento de Barcelona decidió desalojarlos de esta plaza y posteriormente también de la Plaza André Malraux donde se habían refugiado unas 415 personas y donde ya se había sumado un numeroso grupo de personas de origen magrebí. La Cruz Roja y diversas entidades, sindicatos y partidos alojaron a muchos de los que no habían sido detenidos y llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento y la Generalitat para dar respuesta a las necesidades de estas personas. Estos encargaron de nuevo a Cáritas y la Cruz Roja la atención social de este colectivo.
Este dispositivo urgente de acogida temporal se inició el 24 de agosto de 2001 y no finalizó hasta el 7 de febrero del año siguiente. Un total de 148 personas fueron atendidas por un equipo de más de doce personas en la sede de Plaza Nueva con el objetivo de cubrir necesidades básicas de alojamiento, alimentación y vestimenta, acompañarlos en el asesoramiento legal para regularizar su situación y en la formación para potenciar su autonomía y capacidades personales. A pesar del logro de buena parte de estas necesidades básicas y formativas, el 82% de estas personas no fueron regularizadas por las administraciones, un factor fundamental para que el resto de problemáticas hubieran podido entrar en vías de solución, especialmente en cuanto a acceder a un puesto de trabajo y obtener los mínimos recursos para ser autosuficientes. Esta realidad que se repite cíclicamente choca frontalmente con las posibilidades de muchos proyectos de atención y especialmente con la frustración de las expectativas con que estas personas han llegado durante décadas en nuestro país en su objetivo de mejorar personalmente sus vidas o ayudar a sus familias en el país de origen.
