“Debemos volver a poner la dignidad humana en el centro y que sobre este pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos”. Papa Francisco, Fratelli Tutti
El futuro que imaginamos no es un futuro lejano. Es un futuro posible si ponemos a las personas más vulnerables en el centro de la agenda política. Éste es el compromiso de Cáritas Cataluña con la realidad que acompañamos y vemos. Para pensar en este futuro, entre otros, no podemos olvidar la transición ecológica.
Es necesario transformar las políticas públicas para poner fin a políticas que favorecen las riquezas escandalosas y las condiciones de degradación contrarias a la justicia y la paz. Es necesaria una transición rápida y equitativa para desterrar los combustibles fósiles, frenar el calentamiento global y acabar con la injusticia hacia los pobres y las generaciones futuras.
- Derecho a la buena administración y protección social. Es necesario poner fin a la Administración ausente y al maltrato institucional. Las administraciones públicas deben garantizar que toda persona física se pueda relacionar con la Administración presencialmente en todo el territorio y en condiciones de igualdad y no discriminación. En cumplimiento de esta norma, la Generalidad no debe pedir al interesado documentación que puede obtener de otra Administración. En cuanto al derecho a la protección social, los servicios sociales de todos los ayuntamientos de Cataluña deben atender a todas las personas que se encuentren en una situación de necesidad personal básica con independencia de su situación administrativa y de su empadronamiento, en cumplimiento con lo que establece el artículo 6.3 de la Ley 12/2007, de servicios sociales.
- Acceso y mantenimiento de la vivienda digna. En cumplimiento de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda digna, es necesario alcanzar el objetivo de solidaridad urbana del 15%. Es necesario activar por parte de la Generalitat y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña todas las estrategias posibles –construcción, rehabilitación, compra, expropiación del uso y/o tanteo y retracto– para garantizar un parque de vivienda social de alquiler sólido y estable. Además, las administraciones deben disponer de vivienda social de emergencia para ofrecer una respuesta temporal de carácter universal hasta la provisión de una alternativa permanente para personas y familias en situación de vulnerabilidad social ante la pérdida del vivienda. Finalmente, las ayudas al pago del alquiler deben permitir su acceso sin tener en cuenta la situación residencial y en cualquier momento del año para poder hacer frente a situaciones sobrevenidas. Reclamamos convocatorias, trámites y requisitos más accesibles.
- Dignificación de las personas sin hogar y en situación de exclusión residencial. Ante el aumento de situaciones callejeras y sin hogar, reclamamos una apuesta firme para la implementación y el despliegue del Marco de acción para el abordaje del sinhogarismo en todo el territorio catalán. Asimismo, exigimos la reanudación urgente de la tramitación de la proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para erradicar el sinhogarismo, iniciativa legislativa pionera a la hora de reconocer el derecho subjetivo en el espacio residencial digno.
- Actualización de la Cartera de Servicios Sociales. De acuerdo con lo que establece la Ley 12/2007, de servicios sociales, es urgente la aprobación de la tercera Cartera de Servicios Sociales después de catorce años de vigencia de la actual. Para poder dar respuesta a las necesidades de atención social de la población, solicitamos que se tengan en cuenta las entidades que realizan acción directa en el proceso de elaboración del proyecto. Pedimos prestaciones de servicios, económicas y tecnológicas, que garanticen los derechos reconocidos de las personas y permitan una mejor intervención de la Generalidad y los entes locales.
- Modificación de la ley de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) y traspaso del ingreso mínimo vital (IMV). Las rentas mínimas deben ser consideradas una parte integral del sistema universal de protección social y, por tanto, es necesario que esté garantizado el derecho subjetivo a unos ingresos mínimos para poder vivir dignamente. Por eso mismo es necesario reanudar la proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía, para una mejora en el acceso, la cobertura, la cuantía, la compatibilidad con las rentas del trabajo y las ayudas por en la vivienda. Asimismo, pedimos que se haga efectivo el traspaso de la gestión del IMV a la Generalitat, se firme el convenio y se armonice con la RGC.
- Planes de empleo y formación flexibles y que permitan la regularización. Pedimos que se mantengan y se amplíen las iniciativas de apoyo a la contratación, como las líneas ACOL y ESAL, potenciando especialmente aquellos recursos que permiten regularizar la situación de las personas por autorización de residencia y trabajo. Asimismo, se necesitan políticas activas de empleo que permitan a las personas en situación administrativa irregular formarse. Por otra parte, reclamamos una mayor dotación de personal del Servicio de Autorizaciones, Ordenación Laboral y Responsabilidad Social del Departamento de Empresa y Trabajo para reducir el tiempo de espera de todos los trámites en relación con las autorizaciones de trabajo inicial. Además pedimos la gratuidad de la tasa de modificación de residencia y trabajo (o al menos una equiparación con el precio establecido por extranjería). Por último, proponemos la eliminación del concepto de políticas activas y pasivas y de la prestación por desempleo para flexibilizar las prestaciones según el mercado de trabajo existente, el precio de vida y la cobertura de las necesidades básicas. Para hacerlo posible, es necesario avanzar hacia la concertación de políticas y crear el Consejo de Participación del SOC, para que el tercer sector pueda tener voz y voto en la definición de las políticas de empleo.
- Agilizar la emisión de todos los informes de extranjería y mejorar los trámites. Dentro de los procesos de extranjería es urgente una mejor gestión del informe de arraigo social, el de adecuación de la vivienda (requerido para los reagrupamientos familiares y la residencia de niños que ya viven en España) y el de esfuerzo de integración (para las renovaciones cuando no se cumplen algunos de los requisitos). Para ello, es necesaria una nueva instrucción que regule todos los informes de extranjería competencia de la Generalitat donde se reflejen los cambios solicitados en los últimos años por parte de las entidades: una validez superior a los 3 meses y la gratuidad en los supuestos que no lo son, entre otros. Ante la posibilidad del traspaso de competencias, en relación con el capítulo III, artículo 30 de la Ley 10/2010, de acogida de las personas inmigradas y de las devueltas a Cataluña, de 7 de mayo de 2010, aprobada en el pleno del Parlamento el 28 de abril de 2010, pedimos que en el posible desarrollo de la Agencia de Migraciones de Cataluña, sea eficiente en la ejecución de políticas de migración y acogida que pongan en el centro a las personas y los procesos que viven, con total respeto a los derechos fundamentales de los migrantes.
- Protección efectiva de la infancia en situación de exclusión social. En consonancia con la Ley 14/2010, de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia, reclamamos la protección de todos los niños con independencia del estatus migratorio de los progenitores, de forma que se prevalezca el interés superior del menor y quede protegido el derecho a la vida y la satisfacción de sus necesidades básicas, aponiendo por prestaciones universales y básicas. Por eso, pedimos la implantación de los servicios de intervención socioeducativa (SIS), centros abiertos, previstos en la Cartera de Servicios Sociales en todo el territorio catalán. Asimismo, es necesario ampliar los recursos para atender de manera adecuada la salud emocional de los niños. Además, solicitamos el despliegue gratuito y universal de la etapa educativa de los 0-3 años de acuerdo con las recomendaciones de la Garantía Infantil Europea y los compromisos tomados por el Departamento de Educación. Pedimos que se trabaje conjuntamente con el Estado español en la implementación de la prestación universal para la crianza.
- Garantía del derecho a la alimentación. Planteamos un modelo de gobernanza participativa de la gestión del sistema catalán de garantía alimentaria para 2025 a través de la financiación de los fondos FSE+. Es necesario que el nuevo modelo vele por una alimentación equilibrada e inclusiva y que permita poner fin a las situaciones de inseguridad alimentaria.
- Avanzar firmemente en las leyes de fortalecimiento del tercer sector social. En la última legislatura han quedado paradas dos leyes que afectan directamente a las personas más vulnerables y las entidades sociales no lucrativas que les apoyan. Pedimos que con carácter de urgencia se consensúe y se apruebe la Ley del tercer sector social de Cataluña, así como la Ley de economía social y solidaria de Cataluña, y la Ley de concertación de servicios sociales, ya que contribuirán a la fortalecimiento y desarrollo de las entidades del tercer sector ya la cohesión social y al buen gobierno de nuestro país.
