Debate en torno a la jornada de ECAS sobre rentas, ciudades y Tercer Sector
Vivimos en un mundo donde el paradigma del trabajo ha dejado de permitir subsistir a gran parte de la población. Tener trabajo ya no significa tener una salida de la exclusión social ni, mucho menos, de la pobreza. Dentro de esta nueva realidad, la agenda pública hace tiempo que debate la implementación de diferentes herramientas para garantizar las rentas de las personas.
Es en este sentido que en Cataluña ha aprobado este año la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), pensada para sustituir la Renta Mínima de Inserción. Pero a las dificultades de implementar esta nueva herramienta, debemos sumarle las diferencias en el nivel de vida de la ciudadanía según donde vive. Resulta evidente que, no es necesario el mismo dinero para cubrir las necesidades básicas en Barcelona o en Vic. Las ciudades, ya no tanto las empresas, se han convertido en el terreno de debate y de búsqueda de respuestas para garantizar unas condiciones materiales de vida a todas las personas que viven en ella. Y este debate no les ha cogido en un buen momento.
Desde la crisis de 2007, las ciudades europeas han vivido lo que el coordinador de proyectos de Urban Innovative Actions de la Unión Europea, Raffaele Barbatos, llamó en las jornadas de ECAS como “la tormenta perfecta”. Los municipios se quedaron sin ingresos debido a la crisis económica al tiempo que se les multiplicaron los problemas y retos políticos y sociales. Por si fuera poco, la ciudadanía incrementó su demanda de mejorar las condiciones de vida y, en este proceso, ha mirado a la administración más cercana que tienen: las ciudades.
De manera que, haciendo efectiva aquella frase que dice que las competencias municipales empiezan allí donde las competencias de las otras administraciones terminan, varios ayuntamientos han puesto a desarrollar diferentes proyectos de rentas mínimas. Todas en fase experimental, ya que son muchas las dudas sobre el impacto que pueden tener en la cohesión social.
De los cuatro casos que la jornada de ECAS presentó, tres estaban en fase experimental y el único que está completamente implementado es el caso de la renta social de A Coruña. Esta ciudad gallega, implementó el 2016 una renta de ciudad sustitutiva de la renta mínima de la administración autonómica. Dado que la legislación no les deja profundizar en la complementariedad, decidieron cubrir los huecos que tenía la prestación autonómica, y lo hicieron desde una visión inclusiva, participativa y con visión de género. Una renta de ciudad concedida en el hogar y que, según el número de personas que haya, puede llegar a los 1.000 € durante un plazo mínimo de 6 meses, extensible hasta 18 y renovable.
De los casos experimentales, el más avanzado es el caso de la renta básica finlandesa. Implementada en todo el país, esta renta de 560 € al mes tiene por destinatario la población que está en paro. El objetivo del proyecto es conocer qué impacto tiene una sistema de renta básica sobre la motivación de trabajar en el contexto finlandés. Está en fase de pruebas y tiene 2.000 personas beneficiarias repartidas por todo el país.
En fase de formulación del experimento, y esperando que la situación política desbloquee su implantación, la ciudad de Utrech y la universidad de la ciudad, tienen un proyecto de renta básica pensado para unas 200 personas durante dos años. Estas personas recibirán 980 € al mes, y serán repartidos en tres grupos. Un recibirá los 980 € sin condiciones, otro los recibirá a cambio de participar en varios procesos de inserción, y un último tendrá los 980 € sin condiciones y un extra de 200 € acondicionados. El objetivo es conocer cómo simplificar, mejorar, estimular las políticas de rentas, y cómo hacerlas un verdadero ascensor social.
El último caso es el más interesante en todos los sentidos. Por proximidad, ya que es liderado por la ciudad de Barcelona. Pero también por formulación. El Ayuntamiento de Barcelona implantará la fase experimental a 10 barrios del Eje del Besós de la ciudad. La población destinataria serán personas que ya son atendidas por Servicios Sociales Municipales, que están en el programa de inserción laboral Labora y que, como mínimo, lleven dos años empadronados en la ciudad. Su inicio es inminente, y en total cubrirá a 1.000 personas con este perfil, las cuales serán repartidas en tres grupos según si la renta que perciben sea condicionada, no condicionada, limitada según nuevos ingresos, o sin límites.
Los cuatro ejemplos, que ECAS tuvo el acierto de presentar en esta jornada, son diferentes entre ellos pero caminan juntos en la necesidad de garantizar una renta mínima a las personas más desfavorecidas de cada sociedad. Una nueva forma de intervención social que seguramente nos obligará a adaptar nuestros proyectos, pero también a cambiar mentalidades y modos de interpretar la realidad. Retos y más retos para la justicia social.
