Abandono. Las personas que viven situaciones de pobreza y exclusión social en el Estado español transmitieron al relator especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos, que se sienten abandonados por el ámbito político e institucional.
Esto es el que refleja la declaración que el relator especial, Phillip Alston, hizo pública el pasado 7 de febrero, cuando acabó su visita por territorio de todo el Estado. Alston es uno de los expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y tiene como misión específica el realizar investigaciones y análisis sobre la pobreza a todos los países. Durante su visita en el Estado español, ha sido acompañado, entre otros entidades, por Cáritas Española (en Badajoz, Mérida, Sevilla y Huelva), y ha podido conocer de primera mi las cifras del informe FOESSA España, así como las propuestas políticas de Cáritas Española para transformar la realidad de las personas que sufren pobreza y exclusión social.
Alston destaca, en su declaración, las serias dificultades de las personas que están experimentando situaciones de pobreza y exclusión. La sensación de abandono que sienten las personas con las que Alston se entrevistó durante su viaje deriva de las situaciones de estigmatización de la pobreza que sufren, de la arbitrariedad burocrática que muestra el sistema, de la exposición a “propietarios sin escrúpulos” que incrementan inconsciente de los precios de alquiler y tantas otras situaciones.
La declaración de Alston, que se transformará en un informe oficial durante los próximos meses, destaca que la recuperación económica no ha hecho más que beneficiar a las capas más altas de la sociedad y que las personas en situación de exclusión ven como raramente se respetan sus derechos económicos y sociales. Todo esto lleva a la fragmentación del sistema, que no mujer respondida a las personas que más ayuda necesitan.
Ante estas realidades, Alston destaca la gran labor del tercer sector en todo el Estado, a pesar de que advierte que las Administraciones públicas no pueden dejar sus responsabilidades en manos ninguna entidad, puesto que son quien tiene la obligación de garantizar el cumplimiento y el acceso a los derechos humanos.
Por último, Alston fija 7 retos con que las Administraciones públicas tendrían que comprometer sus esfuerzos en materia de lucha contra la pobreza en todo el Estado, entre las que destacan la mejora de la asistencia social, especialmente en el que respeta a las prestaciones, la vivienda, la fiscalidad o la dedicación especial a grupos más vulnerables, como la infancia y adolescencia o las personas migradas.
La declaración recoge propuestas de Cáritas Española, como la necesidad de dotar de contenido al derecho a la vivienda, que está recogido en la Constitución pero no desplegado a nivel estatal, o ser más extensivos en la hora de hacer accesibles viviendas abajo coste.
Por último, Alston ha conminado a los políticos y las políticas a no esconderse detrás las gestiones políticas de gobiernos pasados, y afrontar con valentía y liderazgo las políticas necesarias para luchar contra la pobreza extrema y por los derechos humanos.
