Desde Càritas Diocesana de Barcelona queremos recordar que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, estable y adecuada.
La vivienda es un derecho humano y por ello debe de ser garantizado. La concepción de la vivienda digna y adecuada como un derecho humano se contempla en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta Social Europea, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (observación general nº 4), en la Constitución Española y en el propio Estatuto de Catalunya.
En Catalunya, la ley 24/2015, de 29 de julio, conocida como de Emergencia habitacional y pobreza energética, contra la cual el Gobierno quiere interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, es el único instrumento legal del que disponemos actualmente para evitar los desahucios y la posterior pérdida de la vivienda. Esta ley obliga a los grandes tenedores de viviendas (entidades financieras, sus filiales inmobiliarias, etc.) a formalizar un alquiler social en los supuestos de riesgo de pérdida o pérdida efectiva de la vivienda a las personas o familias que se encuentren en riesgo de exclusión residencial. Si este recurso prosperara, la ley podría quedar anulada dejando así un vacío legislativo, puesto que no hay ninguna normativa alternativa que cumpla esta función, y muchas personas y familias que tienen dificultades para mantener su vivienda y los suministros quedarían desprotegidas.
Al mismo tiempo, recordamos que esta ley permite garantizar que a ninguna familia en situación de vulnerabilidad le puedan cortar los suministros básicos, para garantizar así otro derecho humano. Así pues, queremos constatar la emergencia habitacional en la que nos encontramos actualmente y recordamos que sin políticas de vivienda estables en el tiempo y sin leyes que protejan a los ciudadanos y a las ciudadanas se va a producir un empeoramiento de la situación, y dejaremos las respuestas posibles a la buena voluntad de los agentes implicados.
La vivienda como derecho humano fundamental
La vulneración del derecho a la vivienda afecta directamente a la integridad física y mental de las personas, a su vida privada, familiar y a la salud tanto en términos individuales como colectivos.
Son conocidas recomendaciones en el Estado español para que se garantice el derecho a la vivienda: el EPU (Examen Periódico Universal) de 2015, el examen PIDESC 2012, informes de las relatorías de vivienda de las Naciones Unidas, así como sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han recogido juristas y fiscales en la aplicación de la norma, y entidades y movimientos sociales en su labor de denuncia.
A pesar de este reconocimiento normativo del derecho a la vivienda como derecho humano, Càritas Diocesana de Barcelona viene constatando y denunciando desde hace años que la vivienda es considerada como un bien de inversión y no como un derecho básico para poder realizar en plenitud la dignidad de todo ser humano.
Cada vez hay más personas que pueden quedarse sin una vivienda
Un enfoque economicista sobre la vivienda, la falta de un parque público y la ausencia de normativa que establezca una protección real del derecho de la vivienda han tenido como resultado el aumento de un gran número de personas y familias que se encuentran en situación de exclusión residencial y social, y que no pueden disfrutar de una vivienda digna, de calidad, en paz y en un entorno habitable y sostenible.
En los últimos años de crisis socioeconómica, se ha agravado la situación de acceso y mantenimiento de la vivienda para muchas familias y personas, y casi no hemos tenido a nuesta disposición instrumentos para hacer frente a esta situación. Los últimos datos hablan de que 200.000 familias tienen a todos sus miembros en el paro y 95.000 de éstas no reciben ningún ingreso. A todo allo, se añaden las previsiones anunciadas recientemente por el Gobierno central en funciones: eleva las cifras de déficit y de paro para los años 2016 y 2017.
Queremos manifestar que un aumento del paro implicará un aumento del número de personas que se encuentren en riesgo de exclusión residencial por la imposibilidad de hacer frente al pago de los gastos destinados a vivienda.
El Servicio de Mediación de la Vivienda de CDB
Desde septiembre de 2011, en el Servicio de Mediación de la Vivienda de Càritas Diocesana de Barcelona, hemos atendido a 10.130 personas. De éstas, el 54% son familias con menores a su cargo y un 22% son familias monomarentals. El 75% de las personas que atendemos están en situación de desempleo.
Desde nuestro Servicio de Mediación en la Vivienda hemos aplicado esta ley desde que entró en vigor evitando así que muchas familias pierdan su vivienda. Y no podemos olvidar la situación de muchas personas (como por ejemplo las que viven en la calle, las que se están en habitaciones realquiladas, etc.) que viven en situación de exclusión residencial y social, a las que todavía ninguna ley protege.
