Elisabet Ureña, jurista del servicio de migración de Cáritas Barcelona, hace el contrapunto y recuerda que muchas de las 67 propuestas que el Consejo Municipal de Inmigración recogió en 2014 aún están pendientes de ponerse en práctica
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado respuesta a las propuestas del Consejo Municipal de Inmigración -ente en el que participa Cáritas Diocesana de Barcelona- para favorecer la regularización de los inmigrantes y garantizar el acceso de la población extranjera a los servicios municipales. Las medidas estaban incluidas dentro del informe “Las 67 propuestas del Consejo Municipal de Inmigración”, elaborado en 2014, que reclamaba a las administraciones que se mejoraran los mecanismos para la tramitación de los expedientes de extranjería para evitar que muchas personas caigan en situaciones de irregularidad sobrevenida o se vean con la imposibilidad de acceder a la regularización.
El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, ha reivindicado, en rueda de prensa, que los inmigrantes puedan ser ciudadanos de primer derecho, de modo que puedan acceder a los servicios y equipamientos para regularizar su situación, que actualmente los condena a la economía sumergida. De este modo, Asens ha anunciado que el Ayuntamiento de Barcelona reforzará el circuito de empadronamiento a personas sin un domicilio fijo (aquellos que viven en la calle o en casas de amigos o familiares) y en todos aquellos en situación de vulnerabilidad o precariedad.
Favorecer la regularización
Elisabet Ureña, jurista del servicio de migración de Cáritas Barcelona, ha valorado la aplicación de las propuestas recogidas en 2014 en el aspecto más práctico y ha concluido que muchas de ellas aún están pendientes. Por ello, las prioridades en las que trabajará el Consejo Municipal de Inmigración de cara al año que viene son:
• Propuestas para favorecer el acceso a la regularización de las personas.
• Propuestas para proteger a la familia y garantizar el reagrupamiento familiar. Que se aplique el interés del menor y que se creen registros de parejas de hecho a nivel estatal.
• Propuestas para mantener la autorización de trabajo y residencia. Que si no han cotizado, no se deniegue sistemáticamente la autorización o que haya una renta mínima garantizada.
• Propuestas contra la identificación en controles policiales por cuestión étnica. “Con estos controles, le recordamos a la persona que es extranjera y, encima, tiene un efecto negativo que recae sobre los demás”, ha comentado Ureña.
En este contexto, la jurista de Cáritas ha advertido que “después de la crisis económica, hemos entrado en una crisis social en la que los inmigrantes tienen un peor panorama respecto al trabajo y esto les impide obtener la autorización de residencia”. Finalmente, Ureña ha acabado con una reflexión respecto a la situación actual, cuya respuesta tendrá consecuencias para todos:
“Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos”. Una reflexión que da mucho que pensar.
