La entidad ha celebrado una jornada en la que se ha debatido sobre la eficacia de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), poniendo de manifiesto la importancia de que ambas prestaciones lleguen a las personas en situación de vulnerabilidad que lo necesitan.
Un centenar de personas han asistido a la jornada de presentación del informe “Una ayuda que no llega”, del Observatorio de la realidad social de Cáritas Diocesana de Barcelona. El acto, que se ha celebrado en el Palau Macaya de Barcelona, ha sido una oportunidad para hablar y debatir sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dos prestaciones sociales vigentes que tienen la función asegurar los mínimos de una vida digna a personas y familias que se encuentran en situación de pobreza.
Durante la jornada ha participado Carles Campuzano, conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. En su intervención, Campuzano ha celebrado que entidades sociales como Cáritas se impliquen en el estudio y mejora del acceso a prestaciones. Campuzano ha confiado en que este año se apruebe la modificación de la RGC en el Parlament de Catalunya, con el objetivo de mejorar su eficacia, hacerla compatible con el trabajo o con las ayudas a la vivienda, entre otras. “Constatamos que la vivienda es el principal problema social que tiene ese país. El alto precio del alquiler provoca que gran parte de la cuantía de las prestaciones vayan destinadas a pagar la vivienda. Es necesario que mejoremos esta situación”, ha explicado.
Campuzano también ha expuesto que se está trabajando para facilitar los trámites a la ciudadanía, estableciendo un lenguaje más sencillo para que el usuario pueda tramitar las prestaciones. Con relación al Ingreso Mínimo Vital (IMV), Campuzano ha explicado que se está trabajando para cerrar un convenio de gestión con el Gobierno de España, confiando en que se pueda acabar de concretarse en las próximas semanas. Por último, y en consonancia con las demandas de Cáritas, el conseller ha hecho hincapié en la importancia de una prestación universal a la crianza, indicando que ya se ha trasladado esta demanda al Gobierno central.
Por parte de Cáritas Barcelona, el director de la entidad, Eduard Sala, ha celebrado que las negociaciones por el traspaso de la gestión del IMV a la Generalitat de Catalunya estén encarriladas, pero ha pedido una mayor celeridad a la hora de hacer efectivo este traspaso. Además, se ha pedido que la modificación de ley del RGC, ahora en proceso parlamentario, mejore la situación de las personas más vulnerables. “Las personas en situación de pobreza deben comer o pagar la vivienda hoy, no pueden esperar a mañana”, ha expuesto el director de Cáritas Barcelona.
Durante la jornada, Cáritas también ha recordado que en el caso del IMV solo llega al 14,5% de la población catalana que podría recibirla, y que en el caso del RGC, aunque la cobertura sea mayor, solo alcanza el 43,6%. También han advertido de que solo un 8,2% de las familias atendidas por las diez Cáritas con sede en Catalunya perciben la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Miriam Feu, responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Barcelona, ha puesto de manifiesto que la cuantía de las prestaciones es totalmente insuficiente, ya que el RGC, por ejemplo, solo cubre una tercera parte de lo que necesita una familia de dos adultos y dos o más niños en Barcelona para vivir dignamente. “Es imprescindible que cualquier mejora vaya acompañada de una política que garantice el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna”, ha indicado. También ha pedido que estas prestaciones sean compatibles con todas las rentas del trabajo, implementando el incentivo al trabajo y el mecanismo de incorporación automática, que permita reactivar la prestación cuando se pierde el trabajo.
Por último, Guillermo Oteros, coautor del estudio “Una ayuda que no llega” ha alertado de la situación de mayor desprotección de las familias con niños y adolescentes, y de la necesidad urgente de implementar la prestación universal por crianza como elemento que facilite el ejercicio de la parentalidad y garantice la igualdad de oportunidades de todos los niños. “Estamos hablando del ejercicio de derechos básicos de todas las personas. Es necesario que nos obliguemos, tanto desde las administraciones como desde el conjunto de la sociedad, a garantizarlos”
