Cáritas denuncia que la precariedad laboral y el coste de la vivienda relegan la alimentación a un segundo plano en los hogares con menos ingresos
En España, una de cada diez personas -unos 4,7 millones de personas- sufre inseguridad alimentaria leve o moderada. Esto significa que muchas familias no pueden acceder a los alimentos que desean o se ven obligadas a modificar su dieta por falta de recursos. En cuanto a los hogares acompañados por Cáritas en Catalunya, más de la mitad no puede garantizar una alimentación adecuada, lo que pone de manifiesto la preocupante situación de inseguridad alimentaria y la falta de derecho a la alimentación. Además, el 76% de las familias admiten no poder adquirir alimentos frescos con una regularidad mínima, situación especialmente preocupante cuando el 44% de estas familias tienen menores de edad a cargo.
El aumento de los precios en la cesta básica, la precariedad laboral y el coste de la vivienda han relegado la alimentación a un segundo plano en los hogares con menos ingresos. “Sabemos el impacto que tiene la alimentación sobre la salud física y emocional. Una dieta insuficiente, desequilibrada o basada en productos ultraprocesados compromete el bienestar, especialmente de la infancia”, señala María Martínez, responsable del programa por el derecho a una alimentación saludable, sostenible e inclusiva de Cáritas Española.
Más allá de los datos, Cáritas pone el foco en la vivencia de las personas. “Nos preocupa cómo se produce la ayuda alimentaria. Cómo afecta cuando alguien tiene que hacer una cola para recibir una bolsa de comida, cuando no han podido elegir sus alimentos, cuando parece que más que un derecho es un privilegio o un regalo”, subraya Martínez.
Por ello, Cáritas promueve un modelo basado en derechos, que sustituye la entrega de alimentos en especie por ayudas económicas personalizadas, permitiendo a las familias gestionar su presupuesto y elegir los productos más adecuados a su salud, cultura y costumbres. Este enfoque, además de fomentar la autonomía y la autoestima, contribuye al cuidado del planeta al reducir el desperdicio alimentario y priorizar el consumo local y sostenible.
Cáritas pide a las administraciones públicas que adopten modelos capacitantes, inclusivos y sostenibles, que reconozcan la capacidad de las personas para gestionar sus recursos y aseguren su derecho efectivo a una alimentación digna. “Es necesario que las administraciones se comprometan y garanticen estos modelos, para que las personas que se ven en una situación de precariedad socioeconómica, con una ayuda económica, puedan gestionar y administrar su compra”, afirman.
