Esta mañana, 150 personas se han reunido en la Casa de la Convalecencia de la UAB para debatir sobre la ley que quiere erradicar el sinhogarismo en Catalunya.
Durante la jornada, que llevaba por título “Una ley catalana por los derechos de las personas sin hogar”, se ha tratado sobre la Proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo, iniciativa legislativa que recoge la Propuesta de texto legal que impulsó y dirigió Antoni Milian Massana, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), con la colaboración de un equipo académico y cinco entidades sociales.
La Propuesta de texto legal de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo entró el 25 de enero por registro en el Parlament de Catalunya como proposición de ley, y fue firmada por la mayoría de los partidos del arco parlamentario (grups parlamentaris Socialista i Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar, En Comú Podem, Ciutadans y el Grup Mixt), con el fin de que ser discutida y aprobada. Además, el texto cuenta con el apoyo de 35 entidades de primer, segundo y tercer nivel del ámbito social y de 5 colegios profesionales.
Durante la mesa redonda de presentación de la ley, Antoni Milian, impulsor del texto legal, ha celebrado la presencia en la jornada de todos los grupos parlamentarios que la apoyan, destacando la trascendencia de que el Parlament de Catalunya tramite una proposición de ley destinada a hacer frente al sinhogarismo más crónico. “Este sinhogarismo está huérfano de una regulación legal que se ocupe, y las medidas administrativas solo tienen efectos paliativos. Garantizar un espacio residencial digno, un techo digno, a las personas que viven involuntariamente en la calle, exige una ley. La proposición de ley es una oportunidad que esperamos que el Parlament de Catalunya culmine con la aprobación de la ley durante el año 2023. Está en juego la valía moral de nuestra sociedad”, ha indicado Milian.
Beatriz Fernández, responsable del equipo jurídico de Arrels, ha destacado la necesidad de disponer de información sobre cuánta gente se encuentra actualmente viviendo en la calle y cuál es su realidad. “Si pudiéramos tener una cifra exacta de cuántas personas duermen en las calles y plazas de los municipios de Catalunya, podríamos adaptar los recursos y los servicios a lo que necesita este colectivo. Los recuentos y encuestas a calle son el mejor mecanismo para recabar esta información y por eso esta ley regula su implementación en los municipios”, ha indicado.
La abogada Eva Pich ha defendido la importancia de empadronar a todas las personas que viven en un municipio, independientemente de su situación habitacional. “La inscripción en el padrón tiene una doble vertiente: es el primer derecho de las personas sin hogar, el que les abre la puerta al disfrute de otros derechos legalmente reconocidos; y, por otra parte, es una obligación insoslayable de los Ayuntamientos, que tendrán que empadronar a todas aquellas que residan efectivamente en su territorio”, ha apuntado.
Por su parte, Lidia Pitarch, colaboradora en la elaboración del texto legal y profesora y doctora en Seguridad Humana y derecho global (UAB) ha querido remarcar que la ley también tiene en cuenta a las mujeres en situación de sinhogar. “Ser mujer y vivir en la calle entraña muchos riesgos en la seguridad física y sexual. Esta ley quiere promover la detección precoz de las mujeres en situación de calle y ofrecer espacios residenciales dignos, así como servicios de baja exigencia, definidos con perspectiva de género, es decir, creados y pensados para sus necesidades y realidades”.
Jaume Castro, responsable de la Comunidad de San Egidio en Barcelona, ha afirmado que esta ley parte de escuchar el grito de las personas sintecho, de reconocer sus derechos y de responder a las inquietudes de la sociedad civil. “Recoge los derechos de los sintecho, asegura su cumplimiento para que tengan una vida digna y pone los instrumentos adecuados para mitigar las dificultades que estas personas tienen en todos los municipios”, ha apuntado.
A modo de síntesis, el moderador de la mesa y director de Sant Joan de Déu – Serveis Socials Barcelona, Salvador Maneu, ha afirmado que la ley cambia el abordaje del sinhogarismo en Catalunya al reconocer una serie de derechos básicos a las personas en situación de sin hogar, orientando así las políticas sociales públicas de los próximos años. “Estamos convencidos de que su aprobación marcará un punto de inflexión histórico, con una clara voluntad de influir en las legislaciones de otras comunidades autónomas y regionales europeas”, ha dicho.
Los organizadores han recordado que la ley se dirige a dar una respuesta a aquellas personas que sufren una situación de sinhogar más crónico. Por este motivo, el texto elaborado pretende hacer frente a aquellas situaciones que se corresponden en buena parte con las dos primeras categorías conceptuales de la clasificación europea ETHOS. Concretamente, se trata de las personas que en Catalunya viven en la calle, o que dormirían si no fuera que una administración pública o una entidad social les facilita un techo donde pernoctar. Esta elección da respuesta a las situaciones más graves, permitiendo un tratamiento legal homogéneo e integral de la problemática.
El texto legal incide en la importancia de garantizar un espacio residencial digno para todas las personas que se encuentran en las tres primeras subcategorías operativas de la clasificación europea ETHOS en el plazo de dos años. “La proposición de ley crea el espacio residencial digno. A través de esta figura se garantiza un techo a todas las personas que viven involuntariamente en la calle. El espacio residencial digno se articula como derecho subjetivo, y, por tanto, como servicio que se puede exigir en caso de que la administración no lo preste. La proposición, además de garantizar un techo digno, fomenta el acceso a una vivienda. Hasta ahora, el sinhogarismo crónico no dispone de ninguna ley que se ocupe. Hay que llenar ese vacío.”, ha indicado Milian. La ley también vela por la obligación del empadronamiento en todos los municipios – aunque la persona viva en la calle -, garantizando el acceso al sistema público de servicios sociales, a la asistencia sanitaria y fomentando el ejercicio del derecho a la prestación de la renta garantizada de ciudadanía o a ser beneficiarias del ingreso mínimo vital.
Por último, la ley también otorga a las entidades y organizaciones legalmente reconocidas un papel
primordial en la defensa de los derechos de las personas que se encuentran en situación de calle, y más allá de su labor de acompañamiento social individual, reconoce el papel de las entidades como parte interesada en procesos de defensa y reivindicación de intereses colectivos. Así, en aquellos casos en los que resulten vulnerados derechos de las personas en situación de calle, no solo el afectado, a título individual, sino las entidades legalmente reconocidas, podrán intervenir en los procesos administrativos que se sigan.
En cuanto al debate de los grupos parlamentarios, Jesús Ruiz, director de Assís Centre d’Acollida ha querido agradecerles su compromiso, contribuyendo y haciendo posible que esta proposición de ley siga adelante. “Hablamos de derechos y oportunidades, derechos y oportunidades que cambiarán vidas. Contamos con vosotros”, les ha dicho.
En el debate de los representantes de los partidos políticos moderado por el periodista Xavier Grasset, los parlamentarios has agradecido el trabajo realizado a las entidades, destacando que esta es una ley que proviene de la sociedad civil. Asimismo, han incidido en la necesidad de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos, a la hora de desplegar algunas de las medidas recogidas en la ley.
Durante la clausura de la jornada, Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona, interpeló a las diferentes fuerzas políticas presentes en la jornada, afirmando que la aprobación final de la ley demostrará la voluntad política de abordar y acabar con el sinhogarismo más extremo y visible. “La responsabilidad de que los derechos fundamentales se hagan efectivos recae en los poderes públicos. Las entidades hacemos de red de contención y acompañamos en la medida de lo posible, pero necesitamos que la administración pública tome parte y asuma el papel que le corresponde. Es necesario que sea ley para garantizar un marco normativo estable, acompañado de políticas públicas concretas, que establezca el contexto favorable para poder acompañar a las personas en situación de sin hogar hasta la consecución de autonomía”, ha concluido.
Por último, Javier Lafuente, rector de la UAB, universidad acogedora de la jornada, ha explicado que todo el mundo tiene claro el papel de la universidad como formadora de profesionales “pero en la última década la universidad ha redefinido su papel para convertirse en un motor de cambio social, donde la transferencia de conocimiento ha dejado de ser unidireccional de la academia hacia los ciudadanos por ser bidireccional, donde las necesidades y los retos sociales como éste que nos ocupa se convierten en objetivo de investigación y formación”.
En 2016 se estimaba que casi 10.000 personas vivían en situación de sin hogar (subcategorías ETHOS 1,2 y 3): 2.855 vivían en un espacio público o en la intemperie, 4.120 pernoctaban en un albergue, forzadas a pasar el resto del día en un espacio público, y 2.982 vivían en centros o albergues para personas sin hogar/alojamiento temporal. Las entidades promotoras de la iniciativa consideran que la cifra ha aumentado exponencialmente durante estos seis años, estimando que 18.000 personas se encuentran actualmente en esta situación (un 80% más con relación al año 2016).
En cuanto al nombramiento de los nuevos consellers, las entidades confían en que haya continuidad en las políticas sociales que se están llevando a cabo en el departament de drets socials, y que el nuevo conseller, muy vinculado al tercer sector durante los últimos años, actúe con celeridad por mitigar la pobreza y la exclusión social que afecta a una parte de la población catalana.
