Las organizaciones recuerdan que el padrón es una obligación legal de los ayuntamientos y una puerta de entrada a los derechos sociales
La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español, que debe reconocer la ciudadanía de entre 120.000 y 150.000 personas en Catalunya, según estimaciones de la Generalitat, no puede exigir como requisito el empadronamiento porque numerosos ayuntamientos están negando el registro a personas que viven en sus municipios, incumpliendo así la obligación que tienen de inscribir a todas las personas que residen en ellos.
Tal como hemos denunciado en repetidas ocasiones desde la Xarxa d’Entitats pel Padró, formada por una quincena de organizaciones y plataformas que sumamos alrededor de 500 entidades (entre ellas Cáritas Diocesana de Barcelona), decenas de ayuntamientos en Catalunya no garantizan el cumplimiento del trámite de empadronamiento y vulneran así lo que es una obligación tanto para la administración pública local como para la ciudadanía.
La regularización anunciada por la Moncloa, que debe hacerse efectiva con la máxima celeridad para que las personas migradas puedan hacer efectivos sus derechos y salir de las situaciones de exclusión a las que las aboca la irregularidad administrativa, pone de manifiesto una vez más la necesidad de disponer de registros padronales que reflejen la realidad de nuestros pueblos y ciudades. La función del padrón es saber quién vive en los municipios para que las administraciones locales puedan dimensionar sus recursos y equipamientos para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
El padrón no otorga derechos, es la puerta de acceso a los derechos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todas las personas. Negar o poner trabas al empadronamiento es vulnerar los Derechos Humanos porque impide o dificulta el acceso a la salud, a la educación o a los servicios sociales. En el proceso actual que debe regularizar la situación administrativa de cientos de miles de personas en el Estado español no se puede exigir estar empadronado porque supondría seguir condenando a una parte de esta ciudadanía a la precariedad y la exclusión.
La Xarxa d’Entitats pel Padró seguimos reclamando el cumplimiento de la normativa que regula el empadronamiento como registro administrativo para conocer la población de los municipios, y a la vez recordamos que la prioridad debe ser el cumplimiento de los derechos de todas las personas.
