Las migraciones son una constante de la historia de la humanidad. En un mundo global como el que vivimos, estos desplazamientos se han intensificado en las últimas décadas.
Cada día, desde Cáritas, vemos cómo muchas personas a pesar de vivir aquí y querer ser parte de nuestra sociedad, se encuentra con un muro que les impide vivir una vida digna. La normativa de extranjería vigente provoca que miles de personas en el Estado español se encuentren en situación administrativa irregular, una condición que les expulsa de gozar incluso de los derechos más básicos como la sanidad, la educación o el trabajo. La irregularidad administrativa triplica el riesgo de exclusión social, según el informe FOESSA 2023. En Cáritas Barcelona, el 56% de las personas que estuvieron acompañadas en 2024 se encontraban en esta situación.
La Iglesia, a su vez, toma partido a favor del reconocimiento de la vida de todas las personas, vengan de donde vengan. Nos invita a vivir la hospitalidad, a abrirnos al encuentro y la acogida con lo diferente. La defensa de la dignidad humana y la fraternidad entre hermanos debe ponernos en alerta contra la globalización de la indiferencia que nos deshumaniza. Debemos trabajar para que toda migración pueda ser fruto de una decisión libre, construyendo puentes, tejiendo vínculos y ampliando las vías legales y seguras. Ante el aumento de discursos de odio contra las personas migrantes, es necesario reclamar la responsabilidad de los gobernantes y políticas públicas que trabajen y favorezcan la convivencia.
En 2021, tras constatar la falta de protección de este colectivo durante la pandemia, se creó una plataforma ciudadana para solicitar una regularización extraordinaria a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). A lo largo de un año y gracias al compromiso de miles de personas y organizaciones, entre ellas Cáritas, se recogieron más de 700.000 firmas presentadas en el Congreso. Tras muchos obstáculos, los diputados aceptaron que se iniciara la tramitación parlamentaria en abril de 2024. Hoy en día, siguen las negociaciones entre los partidos políticos, aunque la falta de acuerdo dificulta su posible aprobación.
La ILP parte de una premisa muy concreta: son vecinos y vecinas de nuestros barrios. La iniciativa se fundamenta en el reconocimiento a todas las personas de su dignidad humana y como sujetos de derechos independientemente de su estatus administrativo. Querer acabar con la irregularidad administrativa es querer poner fin también a la precariedad laboral, la exclusión social y la vulnerabilidad que provoca. Además, permite a la administración conocer con exactitud a las personas que viven en su territorio para planificar los servicios públicos, así como combatir la economía sumergida, con todas sus implicaciones en materia de derechos, ingresos tributarios y financiación del sistema de pensiones.
Paralelamente, el día 20 de mayo de 2025, entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería. Pese a las esperanzas depositadas en este reglamento, las deficiencias técnicas del texto y el marco que sigue estableciendo la ley orgánica de extranjería nos llevan a una norma continuista. Arrastra los mismos problemas del reglamento anterior: falta de vías legales y seguras (que provocan irregularidad) y unos mecanismos de regularización insuficientes (que cronifican la irregularidad). Haciendo más necesaria que nunca la aprobación de la ILP.
En definitiva, la propuesta es simple. Si queremos garantizar una vida digna a todas las personas es necesario facilitar el acceso a una autorización de residencia y trabajo a quien no la tiene. Esto no es ninguna idea estrafalaria, ya se ha hecho antes por gobiernos de distintos colores políticos. Toda sociedad se mide por cómo trata a los más excluidos, es nuestro deber cristiano velar por la dignidad de todas las personas.
