Durante la jornada “Irregularidad y ocupación, un binomio posible”, Cáritas ha detallado todos los obstáculos a los que deben hacer frente las personas en situación administrativa irregular, así como las posibles soluciones para resolver su situación administrativa
Esta mañana, más de 150 personas han asistido al Palau Macaya de Barcelona para participar en la jornada “Irregularidad y empleo, un binomio posible”. Durante la jornada se han organizado 3 mesas redondas con distintos expertos, donde se ha hablado de las trabas de la ley de extranjería, de las mayores dificultades que tienen las mujeres migrantes a la hora de encontrar trabajo o de algunos ejemplos de buenas prácticas de empresas a la hora de contratar a personas en situación administrativa irregular, entre otras.
Cáritas ha aprovechado el evento para recordar que 1 de cada 2 personas atendidas por la entidad se encuentra en situación administrativa irregular, y que la cifra, lejos de disminuir, ha aumentado en los últimos años. “Más de 12.000 personas atendidas por Cáritas se encuentran en esta situación, y han aumentado un 45% respecto al año 2021”, ha alertado Elisabeth Ureña, responsable del programa de migración de Cáritas. Ureña ha recordado que la actual ley de extranjería, enmarcada en los tratados internacionales y la normativa europea, condiciona el control de los flujos migratorios a la obtención de un contrato de trabajo.
En este sentido, la nacionalidad tiene un papel clave a la hora de agravar las situaciones de pobreza, por lo que la prevalencia de la exclusión entre las personas de nacionalidad extranjera, aunque no se encuentren en situación administrativa irregular, multiplica por 3,2 la de las personas de nacionalidad española, según el último informe FOESSA de la diócesis de Barcelona. Así, el 72% de las personas de nacionalidad extranjera se encuentran en exclusión social.
“Las personas en situación administrativa irregular ven sus derechos especialmente vulnerados y sin posibilidad de reclamar su garantía, lo que genera que tengan unas peores condiciones vitales”, ha dicho Ureña. Son precisamente las entidades del tercer sector, y, entre ellas Cáritas, las que responden con mayor frecuencia a las demandas sociales de estas personas, acompañándolas en el tortuoso camino que supone la regularización. Este contexto obliga a las personas en situación administrativa irregular a buscar opciones de supervivencia, a través de trabajos precarios en la economía informal (porque no pueden acceder al mercado normalizado) a vivir en viviendas con escasas condiciones de habitabilidad (ya que no tienen derecho a contar con un contrato de alquiler) o no poder acceder a las ayudas en materia de vivienda.
Un pacto a tres bandas
A pesar de este difícil contexto, Dessirée Garcia, responsable del programa de formación e inserción laboral de Cáritas Barcelona ha afirmado que las personas en situación administrativa irregular pueden salir adelante, apuntando que, durante 2022, Cáritas Barcelona ha acompañado a 819 personas para regularizar su situación administrativa. “Apelamos a la complicidad de la administración y de las empresas, pero también del resto de entidades del tercer sector”, ha dicho. Garcia ha puesto de ejemplo a ACOL, una iniciativa impulsada por la Generalitat de Catalunya y pionera en toda España. ACOL es una línea de subvenciones, similar a un plan de empleo, que permite que el tercer sector pueda acompañar a personas en su regularización y mejora de la empleabilidad. En el caso de Cáritas Diocesana de Barcelona, en solo 3 años se han podido regularizar a más de 83 personas gracias al proyecto ACOL. “Los datos nos demuestran que el proyecto está funcionando, y alentamos a las administraciones a ampliar esta línea de subvenciones para dar más oportunidades a personas que son invisibilizadas por cuestiones de su situación administrativa”.
Por último, el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets se ha preguntado “si Catalunya se puede permitir tanto talento desperdiciado”, y si tantas personas pueden continuar condenadas a vivir de ayudas y prestaciones. También ha hecho una apelación al mundo empresarial, afirmando que el tejido económico es una pieza imprescindible de este engranaje, y que tienen la clave para dar esperanza a las personas que buscan una oportunidad laboral. “Sabemos que la responsabilidad social corporativa es uno de los motivos para contar con la implicación de las empresas en esta contratación, pero también es necesario indicar que las personas contratadas, a pesar de su situación administrativa, son competentes, capaces, profesionales y que aportan valor añadido a sus puestos de trabajo”, ha concluido Busquets.
